El Senado avaló actualizar la Ley Federal de Consulta Popular para que sean anuales e incluye temas de trascendencia regional y amplía el catálogo de aquellos que no están sujetos a la norma legislativa.
Con 91 votos a favor y 24 en contra, la minuta establece que las consultas populares serán el primer domingo de agosto y el INE el encargado de la promoción y difusión de estos ejercicios de democracia participativa; el resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o de las entidades que correspondan.
La petición de consulta popular podrá presentarse ante las cámaras del Congreso hasta el 30 de noviembre del año inmediato anterior en el que se pretenda realizar la jornada de consulta.
Incluye temas que no pueden ser objeto de consulta popular: la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular, el sistema financiero, el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución.
El documento menciona que tampoco podrá consultarse la restricción de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales de los que México es parte, ni la seguridad nacional.
La reforma perfecciona el proceso de recolección de firmas, pues incorpora la digitalización para la obtención de éstas.
Para el caso de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos podrán solicitar una consulta popular con el respaldo de al menos, el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Respecto de las consultas regionales, se requerirá el mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores del estado o estados que correspondan.
El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que el Congreso ha dotado los medios necesarios para que la ciudadanía sea partícipe y se convierta en protagonista de las políticas públicas del gobierno. La consulta será una forma de expresión de la voluntad de la sociedad en la conducción del Estado, señaló.
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Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera, precisó que el dictamen también regula el supuesto de petición de consulta realizada por el Ejecutivo Federal, o por el 33 por ciento de los integrantes de algunas de las Cámaras del Congreso de la Unión, la cual deberá ser aprobada por la mayoría de cada una de ellas.
En tanto, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresó que el dictamen contiene una disposición de riesgo, ya que abre la posibilidad de que las y los ciudadanos voten por la abstención en un ejercicio de consulta. Esta previsión, advirtió, podría tener graves consecuencias en la legitimidad de las decisiones que pretendan avalarse.
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