Desde 2001, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) ha detectado 18 colegios donde se han cometido abusos sexuales a niños de forma organizada en siete Estados de México. Los menores han descrito que los delitos —que llegaban a ser cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros— involucraban en algunas ocasiones a los maestros, a la directora del plantel a personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los profesores. Los testimonios apuntan a una serie de patrones delictivos marcados por “acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”, según el informe Es un secreto sobre la explotación sexual infantil en escuelas del país. La organización denuncia la falta de vigilancia, la carencia de información para poder identificar los abusos y la impunidad que reina como principales causas del problema y advierten que los casos documentados no son los únicos.
La ODI ha identificado en 37 escuelas de México con “posibles coincidencias en patrones” de explotación sexual. De ellas, solo en 18 consiguieron obtener más detalles a través de testimonios de los niños de los Estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Estado de México, Baja California y Ciudad de México, esta última donde se concentran la mayoría de casos. Los patrones se observan en las secuelas psicológicas que se aprecian en las víctimas, como comportamientos violentos, pesadillas, episodios de pánico ante situaciones cotidianas o agresiones sexuales a hermanos pequeños.
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El informe apunta a que en algunos colegios los niños señalaron a un grupo de 10 personas como agresores directos, como ocurrió en la escuela preescolar pública Andrés Oscoy, en Iztapalapa. En este caso, un total de 30 niños fueron víctimas de abuso. Un grupo de menores describió cómo fueron agredidos por más de un adulto de manera simultáneamente. “Lo vivido por los niños y niñas no se trata de varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a los alumnos”, detalla el documento.
El caso más reciente es el del Jardín de niños Idolina Gaona de Ruiz, en Jalisco. En 2018, cuatro niños en edad preescolar relataron cómo el intendente los vestía de princesas, les realizaba tocamientos y les tomaba fotografías con su teléfono. Las autoridades vincularon a la directora de la escuela como cómplice. Ese mismo año, las Naciones Unidas alertaron de que se registró un incremento del 32% en las páginas de internet que contienen imágenes de abuso sexual infantil. En total, se sumaron 103.000 portales con ese contenido en solo un año.
“El esclarecimiento de qué sucede rebasa la capacidad de la ODI. La investigación de delincuencia compleja requiere de la actuación del Estado”, denuncia la organización. La identificación de patrones delictivos dentro de los colegios indican “la posibilidad” de que muchos niños en preescolar y primaria han sido “capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”. La asociación civil Infancia en Común ha estimado que esta actividad genera hasta 24.000 millones de dólares anuales, por encima de la venta de armas y solo por debajo del narcotráfico. Durante los primeros meses de la pandemia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que hubo un incremento del 107% de la pornografía infantil disponible en México.
Al no contar con un mecanismo de vigilancia dentro de los colegios, la organización denuncia que las autoridades escolares omiten denunciar el posible abuso de forma inmediata. Cuando se conocen los hechos, la Secretaría de Educación Pública procede con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves, lo que hace difícil “distinguir entre la omisión y el encubrimiento”. Además, ni los padres ni los menores cuentan con una información y preparación para poder identificar los abusos sexuales desde casa cuando los niños han sido amenazados para no hablar de lo que han vivido.
La ODI señala que los mecanismos de impunidad pasan por una falta de coordinación de las autoridades, desde la policía hasta la Fiscalía. Además, subrayan que la fragmentación de la investigación hace imposible el esclarecimiento de los hechos. Pese a contar con múltiples fiscalías locales, las investigaciones “tratan cada caso como aislado e ignoran dentro de la investigación la actuación conjunta y organizada de los adultos agresores”.
En el caso de Iztapalapa, no se indagó en los antecedentes de los sospechosos ni se incautó el equipo electrónico para esclarecer si contenía material pornográfico infantil. El caso tardó cinco años en ver una sentencia firme tras pasar por cuatro jueces diferentes. El encargado de intendencia fue condenado a 467 años prisión, la directora de la escuela recibió 88 años de cárcel, la auxiliar de dirección a 81, la asistente de servicio y mantenimiento 36 y las dos personas de servicio social fueron condenadas a 68 años cada una. Sin embargo, diez años después de los hechos, los menores del colegio Andrés Oscoy no han recibido una reparación “justa e integral” por los “graves daños ocasionados por 6 servidores públicos encargados de protegerles y educarles”.
En el colegio Tlatelli, en Morelos, los abusos se cometieron desde 2007 a 2018, pero las víctimas no han obtenido justicia. Las investigaciones no han avanzado, denuncia la ODI.
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