El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión clave al declarar la invalidez de dos artículos de la Constitución de Sinaloa. Esta resolución, unánime y a propuesta de la ministra Sara Herrerías Guerra, tiene como trasfondo la estructura y funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) en el estado.
Los artículos en cuestión establecían que la presidencia del TDJ sería designada por sus propios miembros. La Corte argumentó que esta disposición se aparta del modelo establecido por la Constitución Federal, que promueve un sistema más democrático y transparente. En concreto, se invalidó la redacción del artículo 105 Bis, que no asegura una renovación rotatoria de la presidencia cada dos años, ni garantiza que se elija a partir del mayor número de votos en la elección correspondiente. Esta falta de alineación con los principios federales vulnera las garantías establecidas en los artículos 100 y 116, fracción III, de la Constitución.
Adicionalmente, se invalidó el artículo 105 Ter, párrafo segundo, también por ser contrario a lo que prescribe la Carta Magna federal. La reciente reforma del Poder Judicial estipula que la Presidencia de la Suprema Corte y del Órgano de Administración Judicial (OAJ) recaen en personas distintas, lo cual se considera fundamental para evitar conflictos de interés y para mejorar la objetividad e imparcialidad de las resoluciones judiciales.
En un esfuerzo por prevenir un vacío normativo, la Corte ha dictaminado que, hasta que el Congreso de Sinaloa modifique y adapte su legislación conforme a esta decisión, se aplicarán directamente las disposiciones de la Constitución Federal. Esta determinación subraya la importancia de una estructura judicial robusta y alineada con los principios constitucionales nacionales.
Esta decisión no solo marca un precedente en el ámbito judicial, sino que también resalta la relevancia de mantener un sistema que se renueve y actualice en función de un marco normativo coherente y equitativo. La Suprema Corte se posiciona así como garante de un estado de derecho que busca salvaguardar la transparencia y la justicia en todas sus instancias.
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