El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se presentó el martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en un contexto marcado por serias acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Estas acusaciones, provenientes de Estados Unidos, también implican a funcionarios y exfuncionarios del estado.
En un mensaje a través de redes sociales, Rocha Moya confirmó que respondió a las preguntas del Ministerio Público Federal y enfatizó su disposición a colaborar con cualquier requerimiento que la autoridad pudiera hacerle. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora”, manifestó, reiterando su fe en el sistema judicial mexicano y el Estado de Derecho.
El mandatario, que se identifica con el proyecto de la Cuarta Transformación liderado por Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que mantendrá su postura firme “con la frente en alto”. Esta comparación añade un componente político a la situación, ya que la confianza en las instituciones de justicia se entrelaza con su apoyo a la administración actual.
En esta misma línea, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, también acudió a la citación de la FGR, actuando como su propio abogado y sin representación legal. A través de un mensaje en redes, reafirmó su disposición a atender cualquier requerimiento, sin ampararse en los privilegios que su cargo pudiera ofrecerle. Inzunza resaltó su compromiso con la rectitud y la legalidad en su papel como legislador.
Asimismo, Damasco Castro Saavedra, exvicefiscal del estado, se presentó ante los medios en las afueras de la delegación federal, expresando su confianza en las instituciones y pidiendo el respeto hacia la investigación en curso, al mismo tiempo que rechazó las acusaciones en su contra.
Entre los otros citados, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también se presentó ante la FGR, al igual que Marco Almanza Avilés, quien ocupó el cargo de director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal. Con estas comparecencias, alcanzan al menos cinco citatorios relacionados con la investigación federal que rodea el entorno político y de seguridad de Rocha Moya.
En un contexto donde la integridad de las instituciones es crucial, estas comparecencias subrayan la tensión entre la política y la justicia en Sinaloa, un estado históricamente marcado por problemas de seguridad. La evolución de estos acontecimientos promete influir en el futuro político de sus protagonistas y en las dinámicas de poder en la región.
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