La reciente propuesta de reforma a la legislación laboral en México busca otorgar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social facultades regulatorias para inspeccionar la brecha salarial de género, marcando un avance significativo en el enfoque de la política laboral del país. Con esta medida, se pretende dejar atrás la mera verificación de condiciones físicas de seguridad para adoptar un modelo que audite las estructuras organizacionales y las categorías de remuneración dentro de las empresas.
Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ha explicado que este nuevo mecanismo de supervisión obligatoria no solo se centrará en asegurar la igualdad salarial en puestos idénticos, sino que permitirá desglosar los sistemas de pago. El objetivo es identificar la segregación vertical en el ámbito laboral, donde las mujeres a menudo ocupan posiciones de menor ingreso a pesar de su considerable participación en las plantillas.
Esta reforma no solo se limita a un aspecto sancionador, sino que promueve un modelo de control estructural sobre la discriminación económica indirecta, un cambio fundamental en la forma en que el Estado aborda este tema. Además, se enmarca dentro del contexto internacional, dado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está monitoreando de cerca el cumplimiento de México en materia de equidad laboral. Este interés fue avivado por un recurso formal presentado por la Unión Nacional de Trabajadores durante la Conferencia Internacional del Trabajo, donde se dio a conocer la falta de avances en la reducción de la brecha salarial.
Ante este contexto, la OIT emitió un mandato que exige a México profundizar en su proceso legislativo y realizar estudios específicos sobre la relación de ingresos entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la reforma que se está proponiendo es vista como una respuesta de rendición de cuentas ante la comunidad internacional.
En cuanto al estado del proceso legislativo, Mercado informó que el dictamen se encuentra en una fase avanzada, habiendo sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo. Este proyecto cuenta con el respaldo de las dependencias técnicas involucradas y se anticipa su aprobación en el Pleno al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. Una vez completado el circuito de votación en ambas cámaras, el texto será enviado al Ejecutivo, que dispondrá de un plazo de treinta días para su publicación y entrada en vigor.
Paralelamente, en el Congreso se presentan otros temas que formarán parte de la agenda laboral en el corto y mediano plazo. Entre ellos destaca un proyecto de lactancia extendida que busca garantizar la estabilidad en el empleo mediante la prohibición de despidos injustificados durante los dos años posteriores al parto. Este proyecto obligaría a los empleadores a demostrar causas graves ante un juez antes de proceder con cualquier rescisión de contrato.
Asimismo, se está considerando la adecuación de leyes secundarias para normar los protocolos contra el acoso y la violencia en los centros de trabajo, tras la ratificación del Convenio 190 de la OIT. También se evalúa la ampliación de las licencias de paternidad con cargo a la seguridad social y la revisión de los esquemas operativos de las empresas para adaptarse a la reducción de la jornada laboral que entrará en vigor el próximo año.
Esta serie de iniciativas refleja un compromiso por parte del sistema legislativo mexicano para abordar de manera integral la equidad laboral y las condiciones de trabajo dignas, alineándose a las expectativas y exigencias del ámbito internacional. La reforma a la brecha salarial es solo una parte de un panorama más amplio que busca transformar la experiencia laboral en informacion.center.
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