La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica detendrá 228 proyectos energéticos, que implican inversiones por un billón 42 mil 392 millones de pesos de al menos 28 empresas extranjeras, advirtió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
En la primera sesión del parlamento abierto para discutir la iniciativa y que duró más de 10 horas, Ernesto García Monroy, integrante del CEFP, explicó que, de aprobarse la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, vendrán cancelaciones o renegociaciones de contratos, ya que al limitar la participación de los privados en el mercado de generación y distribución de electricidad los pone “en posición de interponer controversias o exigir indemnizaciones”.
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Explicó que 71 proyectos en operación y ejecución derivaron de las tres primeras subastas de largo plazo organizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con un monto de inversión de 196 mil 769 millones de pesos.
También se cuenta con 157 proyectos de infraestructura financiados por capital privado para la generación de electricidad con una inversión total de 845 mil 623 millones de pesos, abundó.
De estos, 105 proyectos generan energía eléctrica a través de energías solar y eólica, cuyo monto de inversión asciende a 451 mil 289 millones de pesos.
Pese a la cancelación, García Monroy añadió que la reforma eléctrica será “un impacto positivo” en las finanzas de la CFE, ya que, de ampliar su capacidad de generación eléctrica de 51 a 90 por ciento, podría obtener recursos adicionales por 135 mil 558 millones de pesos y va a satisfacer la demanda total de energía en informacion.center sin ayuda del sector privado.
La CFE acusó que los contratos de Productores Independientes de Energía (PIE) generan daños al erario por 412 mil 410 millones de pesos por tarifas crecientes, riesgos cambiarios, inflación, subsidios y deficiencia en el despacho de energía.
El director de CFEnergía, Miguel Reyes rechazó que la empresa no tenga capacidad suficiente para abastecer al mercado, pues cuenta con una oferta de 85 mil 900 megawatts, mientras que, en su punto máximo, la demanda de electricidad se ubica en 48 mil megawatts.
“Y tendremos con el crecimiento de la población y de las actividades industriales una demanda esperada para el año 2024 de 54 mil megawatts; es decir, es inexplicable que bajo las condiciones de reforma energética, además de los incrementos tarifarios, se haya dado un incremento incesante”, afirmó.
SE PELEAN POR LAS TARIFAS
Edmundo Sánchez, director corporativo de Finanzas de la CFE, aseguró que la reforma reducirá entre 20 y 30 por ciento el costo de la electricidad.
En contraste, Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) detalló que la electricidad para el sector industrial en México es muy cara.
Expuso que las tarifas de la CFE son entre 44 y 84 por ciento más caras que el promedio del costo en Estados Unidos.
El representante de Concamin señaló que las consecuencias de la reforma serán mayores costos de generación que se trasladarán a los consumidores, y causará el cierre de industrias que no puedan acceder a precios competitivos, pérdida de inversión y empleos, así como un posible colapso del sector financiero mexicano, ya que las grandes inversiones en el sector están vinculadas al despacho y cobro de energía.
Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que la generación eléctrica con renovables no pone en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico.
“Al igual que la telefonía móvil y la fija, las energías renovables y la generación convencional se complementan”.
En el parlamento abierto, el expresidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, reapareció públicamente tras la inhabilitación que le dio la Secretaría de la Función Pública por 10 años en noviembre.
García Alcocer enfatizó que más allá de diferencias entre las políticas públicas, se deben identificar los objetivos que se quieren alcanzar como nación.
Recordó que en el sector eléctrico las inversiones tardan en madurar, por lo que el resultado de la infraestructura actual “se va a materializar en los siguientes tres a cinco años”.
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