Reforma a la Ley de Privación de Dominio permite utilizar fondos incautados para financiar seguridad pública y investigación criminal

El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado una reforma a la Ley de Privación de Dominio que permite utilizar fondos incautados durante procesos judiciales para financiar instituciones encargadas de la seguridad pública y la investigación criminal.

La modificación busca proporcionar más recursos a las entidades estatales que luchan contra la delincuencia, según declaró el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano. En su opinión, esta medida permitirá fortalecer la capacidad de combate a la inseguridad en el país.

Sin embargo, algunos legisladores expresaron preocupación sobre la administración de estos fondos y la necesidad de establecer controles para evitar malversaciones. También se cuestionó la garantía de devolver el dinero cuando la sentencia judicial favorezca al propietario original.

La reforma contempla la intervención de la Secretaría de Finanzas para asegurar la restitución de los fondos en caso necesario, según explicó Zambrano. Ahora, el debate se centra en equilibrar la disponibilidad de recursos para las instituciones públicas con la protección del patrimonio de quienes están sometidos a procesos de privación de dominio.

La distribución de los recursos incautados se realizaría a través de porcentajes establecidos en la reforma. Según el desglose presentado, 25% iría a la Secretaría de Defensa y otro 25% a la Secretaría de Seguridad.

Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibiría un 15%, mientras que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se llevaría un 10%. La dirección de inteligencia y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado también tendrían un porcentaje, aunque menor.

La reforma busca dotar a las instituciones de herramientas legales y recursos presupuestarios para enfrentar la criminalidad. El dinero incautado permanece bajo administración de la OABI, en cuentas de banca privada o del Banco Central de Honduras (BCH).

Según el presidente del Congreso, los recursos se utilizarían conforme a los procedimientos que se establezcan para su distribución. Sin embargo, no se precisa el monto total de dinero involucrado ni la cantidad específica que recibiría cada institución.

La reforma aprobada por el Congreso Nacional de Honduras establece la utilización de dinero incautado para financiar medidas de seguridad en el país. La Secretaría de Finanzas será responsable de administrar estos fondos y garantizar su devolución cuando una sentencia de privación de dominio sea favorable al afectado.

Según las explicaciones dadas, la restitución del dinero se realizará dentro del plazo establecido por la normativa correspondiente y con los intereses que sean aplicables según la ley. Esto busca evitar situaciones en las que una persona obtiene una resolución favorable pero no puede recuperar sus recursos debido a que el dinero ya ha sido utilizado.

Se han presentado casos en los que individuos han obtenido resoluciones favorables, solo para descubrir que el dinero había sido asignado a otros fines. La reforma busca abordar este problema mediante la creación de un mecanismo para responder por la devolución de los fondos cuando corresponda.

La administración de estos recursos puede ser compleja debido al tiempo que se requiere para resolver estos procesos judiciales, que pueden prolongarse entre 10 y 15 años. En este período, la gestión de los fondos es un desafío, ya que aún no existe una resolución definitiva sobre su destino.

La implementación del nuevo mecanismo para la devolución de fondos incautados dependerá de varios factores clave. Entre ellos se encuentran las disposiciones que regularán los procedimientos de devolución y la disponibilidad de recursos para responder a las obligaciones.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) deberá aprobar la reglamentación para aplicar el nuevo mecanismo, lo que incluye establecer los procedimientos y requisitos para acceder a los recursos, así como los criterios de elegibilidad y exclusión. Además, se precisarán los mecanismos de trazabilidad, registros y controles.

La reglamentación también determinará cómo se protegerán los derechos de las personas cuyos recursos permanezcan sujetos a un proceso judicial, lo que garantizará la transparencia y rendición de cuentas en la administración del dinero incautado.