Reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal afectaría a empresas transportistas

El autotransporte de carga enfrenta un golpe fiscal que podría elevar los costos logísticos en México. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) advirtió que la reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal que permite acreditar hasta el 50 por ciento del gasto en autopistas de cuota tendría un impacto negativo en las empresas transportistas.

El presidente de CANACAR, Augusto Ramos Melo, sostuvo que la medida no es un privilegio fiscal, sino un mecanismo que compensa parcialmente los costos que representan para los transportistas utilizar la infraestructura carretera de cuota. Según sus palabras, el cambio afectaría a empresas que rebasan el nuevo límite de ingresos pero mantienen elevados costos por combustible, peajes y otros gastos.

Las modificaciones incluidas en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027 redujeron el umbral de ingresos para acceder al beneficio de 300 a 250 millones de pesos. Esta medida fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero ahora CANACAR pide que se revisen las decisiones fiscales para evitar consecuencias negativas en la operación de las empresas.

El cambio en el límite de ingresos podría trasladarse a los costos de las cadenas de suministro y afectar finalmente a las familias mexicanas. La organización pidió al Gobierno federal y al Senado que revisen la medida y consideren sus implicaciones en la economía.

El presidente de CANACAR enfatizó que las decisiones fiscales tienen consecuencias reales en la operación de las empresas, en la cadena de suministro y en los costos que enfrentan los negocios y las familias mexicanas.

El problema con la propuesta fiscal es que el nivel de ingresos de una empresa transportista no necesariamente refleja su capacidad financiera real, debido a que una gran parte de sus recursos se dedica a mantener la operación de las unidades.

Para evitar un impacto negativo en el número de empresas que pueden aprovechar el estímulo fiscal, los dirigentes de los transportistas proponen conservar para 2027 el límite actual de 300 millones de pesos, con el objetivo de evitar una reducción abrupta en la cantidad de empresas beneficiadas.

En su lugar, se sugiere un esquema proporcional que permita mantener el acreditamiento fiscal hasta alcanzar el límite establecido, aunque una empresa lo rebasara, evitando perder completamente el beneficio del estímulo.

El autotransporte enfrenta actualmente una combinación de mayores costos y riesgos operativos, particularmente debido a la inseguridad carretera. El robo de una unidad no solo representa la pérdida de un activo, sino también la interrupción de la principal fuente de ingresos de una empresa.

Las empresas transportistas han tenido que aumentar sus inversiones en sistemas de rastreo, tecnología, capacitación y protocolos de seguridad para proteger a los operadores y unidades. Además, tienen que seguir pagando financiamiento, salarios y compromisos comerciales durante los tiempos de recuperación, trámites y liberación de vehículos.

La presentación de reservas por parte del diputado Francisco Javier Borrego Adame para modificar las condiciones del estímulo fiscal ha sido vista como un paso positivo en el intento de evitar que la medida afecte a las empresas transportistas.

Aunque hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo, CANACAR sigue trabajando con autoridades hacendarias y legisladores para encontrar alternativas que permitan al sector transportista competir de manera justa.

El impacto del cambio fiscal en el autotransporte se extiende más allá de las empresas transportistas, ya que un incremento en los costos puede repercutir en las tarifas de traslado y afectar a industrias, comercios y centros de distribución.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados y el Senado deben reconsiderar las condiciones del estímulo para evitar mayores presiones sobre la operación del sector transportista.