El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el acuerdo, por el que se eleva a seguridad nacional los proyectos de infraestructura del Gobierno de México. Transgrede derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública. La competencia, la división de poderes, el uso eficiente de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
En un posicionamiento público, la cúpula empresarial agrupada en el CCE, a cargo de Carlos Salazar Lomelín, manifestó su “desacuerdo y fuerte preocupación” respecto a lo publicado por el Ejecutivo federal el pasado 22 de noviembre para que todas las dependencias y entidades de la administración pública federal autoricen los proyectos de infraestructura del gobierno en no más de cinco días hábiles, al ser consideradas de interés público y seguridad nacional.
Los proyectos públicos por encima de la ley
El CCE, señaló que esta decisión “prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la Ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que serían irreversibles y que dejará a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.
Asimismo el concepto de seguridad nacional se reserva exclusivamente a casos graves que lo justifiquen. Así como que la decisión de otorgar este calificativo corresponde al Congreso federal mexicano. De acuerdo con lo que indica la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
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