El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión destacada que podría cambiar la dinámica del arrendamiento en la Ciudad de México. En una resolución fechada el 26 de febrero de 2026, se declaró la constitucionalidad del artículo 2448 F del Código Civil local, que requiere a los arrendadores de vivienda registrar sus contratos de arrendamiento en un Registro Digital. Esta medida busca no solo regular el sector, sino también proteger los derechos de privacidad y los datos personales de los arrendatarios, asegurando un seguimiento adecuado a los incrementos anuales de renta, los cuales no deben sobrepasar la inflación.
La discusión en torno a esta legislación fue extensa y estuvo marcada por la propuesta del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, de reducir los diez requisitos necesarios para el registro a un conjunto más manejable. La idea original contemplaba la inclusión solo de los nombres del arrendador y arrendatario, la ubicación del inmueble, el monto de la renta pactada y el incremento convenido, resguardando así la confidencialidad de la información personal.
No obstante, la magistrada Yasmín Esquivel Mossa propuso una notable simplificación que fue aprobada por unanimidad. En el Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, solamente se inscribirán cuatro datos esenciales: el monto de la renta, el incremento de la misma, la colonia y la alcaldía en la que se localiza el inmueble. Este enfoque permite generar datos estadísticos útiles para el gobierno local, sin invadir la privacidad de los involucrados. Al dedicarse a identificar rangos y localizaciones en lugar de datos concretos sobre las partes, se asegura un equilibrio entre el análisis necesario para políticas públicas y la protección de la intimidad.
Se ha enfatizado que este cambio legislativo busca brindar a las autoridades herramientas para un seguimiento más efectivo del mercado de arrendamientos, algo que se vuelve indispensable en un contexto económico donde la estabilidad de los alquileres se vuelve cada vez más relevante. Sin embargo, el respeto a la seguridad jurídica de los ciudadanos se mantiene como una prioridad.
La creación de este registro es un paso significativo en la regulación del arrendamiento en la capital del país. La espera estaba marcada por la necesidad de un sistema que favoreciera tanto a arrendadores como arrendatarios, ofreciendo un marco claro y justo para ambos. La decisión de la SCJN representa un avance hacia un manejo más transparente del fenómeno del alquiler, en un momento en el que la vivienda y su asequibilidad son temas candentes en el debate público.
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