El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto tráfico de influencias en la asignación directa de contratos para una empresa de su propiedad por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) .
El PRD recordó que la empresa Litoral Laboratorios Industriales S. A. de C.V., de Felipa Obrador, participó en dos contratos con Pemex en la presente administración, el primero por un monto de 133 millones de peso y el segundo por 231 millones de pesos.
Además de los contratos mencionados, señaló que la empresa de Felipa Obrador recibió contratos por adjudicación directa en el actual sexenio de otras dependencias públicas como el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, el IMSS y el ISSSTE, por diversos montos económicos.
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Los diputados federales del PRD acusaron en la denuncia que aunque López Obrador intentó descalificar la información que se dio a conocer respecto a su prima, Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar.
Una vez que se hizo pública la asignación de los contratos a Litoral Laboratorios, Pemex anunció la rescisión de los mismos y ordenó una investigación para deslindar responsabilidades.
“En opinión del GPPRD, en este hecho se configuran los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias”, reiteró el Partido.
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En la denuncia se cita el artículo 220 del Código Penal Federal, el cual establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte y que dicho delito será sancionado con entre dos años a 12 años de prisión y de 150 días de multa.
En ese sentido, los diputados federales del PRD solicitaron a la FGR desahogar la investigación necesaria para la persecución de las conductas infractoras denunciadas y, en su caso, consignar penalmente a los presuntos responsables.
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