Policía brasileña indaga a aliados de Bolsonaro

La policía brasileña ha iniciado una investigación que podría marcar un punto crítico en el escándalo político en informacion.center, centrándose en dos influyentes aliados del expresidente Jair Bolsonaro. Este proceso judicial surge en medio de un clima de tensión política y desconfianza hacia los antiguos liderazgos, con un sospechoso trasfondo de malversación de fondos públicos.

Las autoridades, respaldadas por un juez de la corte suprema, realizaron el pasado viernes siete allanamientos, incluyendo los domicilios de Sóstenes Cavalcante, quien lidera el bolsonarismo en la Cámara de Diputados, y Carlos Jordy, otro legislador afín al exmandatario. Ambos están bajo la lupa por posibles desvíos y ocultaciones de recursos públicos, particularmente aquellos asignados mensualmente para gastos relacionados con su labor legislativa.

La investigación toma un giro alarmante al revelarse que el dinero podría haber sido malversado mediante contratos falsos de alquiler de automóviles. En el transcurso de las operaciones, la policía halló cerca de 400,000 reales, aproximadamente 70,000 dólares, en efectivo en una propiedad vinculada a Cavalcante. Este último justificó la presencia del efectivo, argumentando que provenía de la venta de un inmueble y que no había realizado el depósito bancario por la urgencia de sus obligaciones laborales.

Por su parte, Jordy defendió su inocencia en un mensaje difundido a través de las redes sociales, describiendo la acción policial como “cobarde”. Este operativo es el resultado de una investigación que se inició en diciembre de 2024, focalizándose en presuntos delitos de peculado, lavado de dinero y organización criminal.

Cabe mencionar que Jair Bolsonaro, quien se desempeñó como presidente desde 2019 hasta 2022, está actualmente bajo custodia policial en Brasilia tras ser condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado en 2022. A su vez, el Congreso, donde predomina una mayoría conservadora, ha aprobado recientemente una ley que podría reducir significativamente su pena, dejándola en poco más de dos años. Aunque el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado su intención de vetar esta ley, el Congreso tiene la capacidad de desafiar esta decisión y reimpulsarla.

La complejidad de este entramado político, lleno de tensiones y acusaciones, pone de relieve la fragilidad del panorama democrático en Brasil, donde el futuro de la política nacional puede verse profundamente afectado por estos acontecimientos. Con un espectro de negociaciones y luchas de poder emergiendo, la situación sigue evolucionando, dejando a la ciudadanía atenta a cada nuevo desarrollo.