Con el conteo de votos a punto de llegar a su fin, la victoria del candidato Pedro Castillo parece inminente. El izquierdista aventaja a Keiko Fujimori en algo más de 70.000 papeletas. En un escenario normalizado Castillo se asomaría al balcón dentro de unos días y agitaría su sombrero de palma en señal de victoria frente a sus seguidores, que llevan desde el domingo durmiendo a la intemperie en las calles de Lima. Sin embargo, este instante no tiene nada de común. Se trata del momento más trascendental de la historia reciente de Perú. Fujimori no ha aceptado los resultados y ha pedido revisar 800 actas que podría alargar el desenlace dos semanas más, según expertos electorales consultados. Lo que pueda ocurrir en ese tiempo en un país que ha vivido una gran inestabilidad política en el último lustro es una verdadera incógnita.
Perú tiene uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo. Los resultados de las 86.000 mesas colocadas por todo su vasto territorio se suben escaneadas a la página web de la oficina electoral. Esas actas vienen firmadas por los interventores de cada partido, por funcionarios y supervisores. Si el equipo de los candidatos no está conforme con alguna de ellas puede pedir su revisión o directamente impugnarla. La primera instancia del tribunal electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, evalúa la queja, un acto que se retransmite estos días en vivo por streaming, y determina si el acta es válida o no.
Durante las primeras 24 horas el cómputo fue rápido porque las actas llegaban de las ciudades. Al llegar el martes al 95%, empezaron a contabilizarse las mesas de la selva y las montañas y los votos del extranjero. El conteo se ralentizó. La autoridad electoral revisaba a su vez las actas sobre las que los interventores plantearon dudas. Ese proceso acabará en los próximos días y tiene como vencedor inmediato a Castillo, al que ya han felicitado otros presidentes de la región, como el de Argentina, Alberto Fernández, u otros exdirigentes como Lula da Silva.
Pero Fujimori ha retrasado ese instante, al menos 15 días. La política conservadora que enfrenta a su vez la petición de un fiscal para que ingrese en prisión por el caso Odebrecht, asesorada por un ejército de abogados de los mejores bufetes de Lima ha pedido la anulación de 800 mesas -por ahora ha entrado la petición de 620-, esas en las que Castillo sacó más votos. Eso revertiría, en teoría, el resultado. Fujimori expuso públicamente el lunes, cuando vislumbraba su derrota, noticias falsas y montajes que circulan en redes sociales para sustentar el fraude. Más tarde, el miércoles, volvió a aparecer para hablar de un plan orquestado por parte de Castillo con pruebas muy endebles, que puede resolver sin mayores problemas el sistema electoral. Esa tesis sostiene que el partido de Castillo, al que le cuesta organizar una rueda de prensa, ejecutó con precisión una conspiración que implica a cientos de personas para burlar el sistema.
“Nunca había visto una acusación así”, sostiene Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el organismo que organiza las elecciones. Él se ocupó de llevar a cabo las del año 2000, después de que Alberto Fujimori, el autócrata padre de Keiko, amañase las anteriores. “Nos vienen dos semanas de terror. Va a haber una campaña contra los organismos oficiales, van a querer hablarle al oído a las fuerzas armadas. Millones de personas van a creer en el fraude”.
El politólogo y director de noticiasser.pe, Javier Torres, añade que esta forma de actuar es propia del fujimorismo. “Lo de ahora es un proceso para demostrar dos cosas. Una, anular el proceso generando una situación de incertidumbre y llamando a la movilización. Y dos, dejar sembrada la duda de que Castillo ganó con fraude”.
Los observadores internacionales felicitaron a Perú por la organización de la jornada electoral. En ninguno de sus informes habla de irregularidades. Fujimori, de todos modos, ha animado a sus seguidores a seguir en las calles.
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