En México, el debate sobre el registro obligatorio de celulares ha tomado un rumbo inesperado. Expertos en ciberseguridad han manifestado que esta medida, lejos de ser una solución para reducir delitos como la extorsión, podría incrementar los riesgos para los usuarios. La iniciativa, que busca obligar a cada ciudadano a registrar su número de teléfono móvil, plantea cuestiones serias en materia de privacidad y seguridad.
Desde su anuncio, los defensores de esta política han argumentado que el registro podría servir como una herramienta para identificar a delincuentes y desarticular redes criminales. Sin embargo, especialistas en el campo han señalado que los delincuentes pueden adaptarse rápidamente a las nuevas normativas, utilizando tecnologías que les permitan operar en el anonimato, dejando a la autoridad con escasas herramientas efectivas.
Uno de los puntos más controvertidos es la capacidad de las autoridades para proteger la información recopilada. En un contexto donde las brechas de seguridad son cada vez más comunes, la recopilación de datos de millones de usuarios podría convertirse en un blanco atractivo para los cibercriminales. La exposición de datos sensibles pone en riesgo no solo la privacidad, sino también la seguridad personal de los ciudadanos.
Además, hay consideraciones prácticas que no pueden pasarse por alto. La implementación de un sistema de registro que funcione correctamente requeriría una infraestructura robusta y la capacitación adecuada de personal, lo que plantea dudas sobre su viabilidad a corto y largo plazo. Con un país que enfrenta desafíos significativos en su infraestructura tecnológica y ciberseguridad, la implementación de esta medida parece un camino lleno de obstáculos.
La fecha de esta discusión se ubica en el contexto actual de enero de 2026, donde los llamados a evaluar la efectividad de esta estrategia son más que pertinentes. En este sentido, es encomiable la labor de los expertos que alertan sobre posibles consecuencias no deseadas, poniendo en relieve la necesidad de un debate informado que contemple todas las aristas del problema.
En conclusión, el registro obligatorio de celulares podría ser una respuesta apresurada a un problema complejo que requiere soluciones más profundas. La alerta de los especialistas en ciberseguridad es clara: aumentar los riesgos en lugar de disminuirlos debería ser un factor decisivo que debe considerarse en el diseño de políticas públicas. La seguridad no se logra solo con medidas administrativas, sino con estrategias bien fundamentadas que garanticen, además de la efectividad, la protección de los datos y la confianza ciudadana.
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