Especialistas en materia electoral señalaron que las impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) para echar abajo el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual obliga a partidos políticos a postular a siete mujeres como candidatas a gubernaturas, son mero capricho y carecen de solidez jurídica.
El pasado miércoles, el Partido Acción Nacional (PAN) y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que encabeza el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, interpusieron por separado un recurso de apelación en contra de la resolución del órgano electoral acusando una falta de competencia y facultades del INE para emitir medidas sobre paridad, algo que, según se expone, sólo compete al Poder Legislativo y a las Legislaturas locales.
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“Se comparte que se logre la paridad, pero no que el INE sea la autoridad competente para regular este tema en los procesos electorales en donde se renovarán las legislaturas de quince entidades federativas”, se lee en la impugnación que la Jucopo en el Senado hizo llegar al TEPJF y de la cual tiene una copia El Sol de México.
Bajo este contexto, la especialista en derecho electoral, Mónica Serrano, recordó que la facultad del Instituto es desarrollar los procesos electorales por lo que su jurisdicción es emitir las reglas y los lineamientos para que los comicios se lleven a cabo con transparencia y atendiendo los derechos tanto de los votantes como de los aspirantes a alguna candidatura.
“Con los lineamientos que emite el INE, no se vulneran los derechos de los partidos políticos. Sólo les está diciendo: de acuerdo a tus estatutos haz el procedimiento, pero recuerda que hay paridad en todo. Y eso no lo está diciendo el Instituto, lo dice la propia Constitución”, subrayó.
La maestra egresada de la Universidad La Salle reiteró que con el acuerdo aprobado el pasado 6 de noviembre, el organismo autónomo no vulneró las atribuciones del Legislativo porque tanto diputados como senadores tuvieron la oportunidad de hacer las modificaciones necesarias al artículo 41 de la Carta Magna.
En ese sentido, calificó el recurso de apelación como un capricho y una cuestión de poder. “Más que una actitud machista por parte de los legisladores creo que es una cuestión de poder”, expuso.
Argumentó que lo que les molestó es que “seguramente ya tenían una estrategia para postular a sus candidatos en su mayoría hombres y con el acuerdo se les pidió voltear a ver a las mujeres. Les cambiaron su estrategia de jugada”.
Seguramente ya tenían una estrategia para postular a sus candidatos, en su mayoría hombresMónica Serrano / Especialista
Por su parte, la exconsejera del INE, Pamela San Martín, dijo en entrevista con El Sol de México que la autoridad electoral está cumpliendo con su obligación de obedecer y cumplir lo que marca la Constitución.
Coincidió con Serrano y destacó que el Legislativo en ningún momento modificó o tuvo la intención de cambiar la Constitución, por lo que no emitió ninguna ley reglamentaria en torno al tema. “Sólo están en desacuerdo con la forma en la que el INE hizo lo que hizo, pero el Instituto garantizó el cumplimiento a la Constitución”.
San Martín añadió que ahora lo deseable es que la autoridad electoral emita las reglas en la materia, y lo más pronto posible, para que las y los contendientes a gubernaturas conozcan los criterios oportunamente.
En tanto, Luis Miguel Carriedo, especialista en temas electorales, destacó que el principal problema para implementar el acuerdo de paridad en las entidades federativas tiene que ver con una cultura “antidemocrática y machista”.
“Si se genera un precedente de que se interprete que la paridad en todo (significa) en todo menos en las gubernaturas, entonces estaremos en un retroceso perdiendo la oportunidad del avance que representó la reforma de 2019 que expresa la paridad en todo”, expuso.
Carriedo señaló que los senadores se arrepintieron y no quieren cumplir lo que ya aprobaron y publicaron en la Constitución. “Es un hecho que la Constitución establece con todas sus letras que debe haber paridad en la postulación de candidaturas y no dice que algunas candidaturas son unipersonales exclusivas de un tipo de género”, explicó.
Las impugnaciones interpuestas por los actores políticos deberán ser resueltas por el TEPJF, quién decidirá echar para atrás o respaldar el acuerdo que garantiza a las mujeres ocupar siete de quince candidaturas a gubernaturas.
Los expertos en la materia confiaron en que el órgano colegiado dé luz verde a la resolución del INE pues las y los magistrados han velado por la paridad y derechos políticos de las mujeres.
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