Paquete Económico 2027 recibe apoyo en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados ha dado un paso importante hacia la aprobación del Paquete Económico 2027, después de aprobar una serie de iniciativas que buscan reconfigurar la captación de recursos por parte del Estado.

Las tres leyes aprobadas -Ley Federal de Derechos, Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Ley de Ingresos de la Federación- tienen como objetivo conjunto aumentar los ingresos del gobierno federal en un momento en que la deuda del país se acerca al 55% del Producto Interno Bruto.

La Ley de Ingresos establece un límite para el endeudamiento del gobierno federal, con una deuda máxima de hasta 1.7 billones de pesos. Esta cifra es inferior a la deuda registrada en el año anterior, que ascendió a 1.78 billones de pesos.

Sin embargo, si se analiza el período entre 2018 y 2026, la deuda pública total ha aumentado un 90%, pasando de 10.55 billones a 20.06 billones de pesos. Esto sugiere que aunque la deuda máxima permitida haya disminuido, el nivel de endeudamiento del país sigue siendo alto.

Aunque los partidarios de estas leyes argumentan que las medidas buscan equilibrar los ingresos fiscales con los gastos del Estado, la oposición critica que los ingresos ordinarios y petroleros no son suficientes para cubrir el ritmo de gasto de la administración federal.

La caída en los ingresos petroleros ha dejado a México con un agujero significativo en sus recursos financieros. Los legisladores opositores sostienen que la industria energética nacional y Pemex han agotado su capacidad para generar ingresos, lo que obliga al gobierno a recurrir a los contribuyentes para financiar gastos públicos.

Entre las medidas implementadas por el gobierno para compensar la insuficiencia de fondos se encuentran aumentos en trámites y servicios públicos. La Ley Federal de Derechos ha sido utilizada para aplicar estos cobros, que incluyen alzas en la entrada de turistas extranjeros, visas, permisos y concesiones ferroviarias, de agua y espacio aéreo.

La distribución de los fondos generados por estos aumentos no es igualitaria. La Secretaría de la Defensa Nacional será beneficiada con el 57% de los recursos provenientes de la cuota pagada por visitantes extranjeros, mientras que Migración verá reducido su porcentaje de participación del 26 al 15%. El resto irá a parar a la Tesorería.

Las bancadas del oficialismo han defendido las decisiones tomadas sobre los dictámenes económicos. Afirmaron que estos fortalecen la hacienda pública sin necesidad de aumentar impuestos, aunque se negaron a aplicar el cobro por tenencia a yates, helicópteros y jets privados de lujo.

Estas medidas han sido objeto de críticas por parte de los legisladores opositores. Argumentan que no son suficientes para equilibrar los ingresos fiscales con los gastos del Estado, lo que podría tener graves consecuencias en la economía nacional.

La mayoría de los legisladores enfatizó que los ingresos obtenidos por la Federación permitirán mantener los programas sociales y apoyar obras clave en agua, salud, educación y transporte. Estas acciones serían posible gracias a la recaudación de recursos garantizada por la Ley del ISR, que prevé captar entre 130 mil y 140 mil millones de pesos adicionales.

La nueva Ley del ISR incluye un mecanismo de control para regular las deducciones autorizadas. De acuerdo con este régimen, el límite máximo sería del 96.67% o 99% dependiendo del comportamiento de la empresa, y se limitaría a la mitad de la pérdida fiscal la disminución que puede sufrir en cada ejercicio. Esto permitirá una mayor estandarización y prevenirá abusos.

Los legisladores oficialistas se apoyaron en estudios que estiman una evasión potencial de aproximadamente 131 mil millones de pesos en personas morales entre 2018 y 2023 para defender la reforma. Según su argumento, los nuevos controles a las deducciones y la eliminación del régimen de diferimiento beneficiarían a quienes poseen mayor capacidad económica.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma al considerar que incurre en una fiscalización punitiva y un "terrorismo fiscal" que afectaría a los contribuyentes cumplidos.

La oposición se opuso a los cambios en la política fiscal, argumentando que limitar las deducciones operativas y reducir la deducción de intereses afectaría negativamente a las empresas, dificultándoles obtener créditos comerciales y desincentivándolas a invertir y crear empleos.

La Ley de Ingresos incluyó una reserva presentada por Ricardo Monreal para eliminar el tope de 300 millones de pesos que impedía a contribuyentes con adeudos mayores acceder a beneficios fiscales, como la condonación de multas y recargos. Ahora, las tres leyes deben ser discutidas y votadas por el Senado.