Una juez federal concedió tres suspensiones provisionales a habitantes del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el colectivo Chuun t’aan contra la construcción del Tren Maya, al considerar que se violó su derecho a la información.
La juez Miriam de Jesús Cámara Patrón, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán, concedió las suspensiones provisionales al considerar que para la sociedad es un tema de relevancia que se garantice un desarrollo sustentable, esto es, que sin que se impida el progreso de la comunidad existente, se salvaguarde una esperanza de progreso para quienes conformarán esa comunidad en un futuro más lejano.
El pasado 20 de enero, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo Chuun t’aan Maya impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la construcción del Tren Maya.
Los colectivos, argumentaron la violación al derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA, y la vulneración del derecho a su adecuada participación en la determinación de las implicaciones e impactos derivados del megaproyecto del tren maya.
La juez Cámara Patrón refirió que para la sociedad es un tema de relevancia que se garantice un desarrollo sustentable, esto es, que sin que se impida el progreso de la comunidad existente, se salvaguarde una esperanza de progreso para quienes conformarán esa comunidad en un futuro más lejano.
En su resolución, detalló que la suspensión provisional es para el efecto de que no se continúen las obras de construcción del Tren Maya, hasta que se dicte la suspensión definitiva, sin que ello implique que, en el ámbito de sus competencias, las cuestiones administrativas de dicho proyecto pueden mantenerse en ejecución, ya que el alcance de esta determinación es únicamente la suspensión de trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies animales autóctonas de los territorios del estado.
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