La iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Industria Eléctrica profundiza la pobreza energética y representa un obstáculo y amenaza a la ya insuficiente política climática emprendida por el Gobierno de México, acusaron organizaciones medioambientales nacionales e internacionales.
“Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible”, afirmaron en posicionamiento conjunto integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, incluido el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, WWF y otros.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) advirtieron que en informacion.center más del 30 por ciento de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, ya que el sistema eléctrico actual, basado en proyectos fósiles centralizados, no ha sido efectivo en lograr que más personas puedan disponer de energía a precios más accesibles.
“Las energías renovables, además de coadyuvar a que México alcance sus metas climáticas, combaten la pobreza energética, generan empleos la y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía”, agregaron organismos como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la International Council on Clean Transportation (ICCT) y la Iniciativa Climática de México.
El 1 de febrero pasado, el Presidente de la República envió una reforma con cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que recuperan la política energética emprendida por la Secretaría de Energía desde mayo de 2020 y que benefician la generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad sobre los privados y las energías renovables.
La iniciativa se encuentra bajo análisis de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y estipula que se beneficiará, en primer término, la generación de electricidad por parte de las plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por el resto de sus centrales, incluidas las plantas que funcionan con gas, la central nuclear de Laguna Verde, así como las geotérmicas y las termoeléctricas, mientras que relega a un tercer puesto a las fuentes renovables y hasta el final la energía producida por las centrales de ciclo combinado privadas.
Los organismos nacionales e internacionales sentenciaron que la iniciativa también pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano al relegar el despacho de energía de los proyectos de energías alternativas y favorecer a las centrales más contaminantes de la CFE.
Asimismo, señalaron que aleja a México del cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos en materia de cambio climático, ya que “representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y que están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética”.
“ La Iniciativa ignora criterios constitucionales que debe seguir el Sistema Eléctrico Nacional toda vez que, por efecto de esta reforma, los proyectos de energías renovables son relegados al amparo del supuesto cumplimiento de un criterio de “confiabilidad” y se hace caso omiso al criterio de “sustentabilidad”, como lo mandatan la Constitución Política y la propia LIE. A fin de cumplir a cabalidad con los preceptos constitucionales, se debe atender también la sustentabilidad del desarrollo”, añadieron.
Por su parte, consideraron que la propuesta legislativa es sumamente grave y preocupante en el contexto actual de la pandemia, donde las energías renovables abonan a la reconstrucción de economías más sostenibles y que fortalecen la resiliencia de sus poblaciones.
“Desde ya, los gobiernos deberían estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética que debe ser justa y con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, la multicitada Iniciativa nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción”, criticaron.
Este posicionamiento también fue suscrito por el Poder del Consumidor, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Redspira, Redim, The Climate Reality Project, entre otras.
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