La extorsión sigue siendo uno de los delitos más desafiantes para el Gobierno de México en materia de seguridad. En un significativo avance, este miércoles se anunció la detención de 102 personas —25 mexicanos y 77 extranjeros— durante la operación Desconexión, un esfuerzo clave en la lucha contra este crimen, que ha sacudido a múltiples sectores de la población. Los arrestos se llevaron a cabo en el Estado de México, donde se intervinieron 192 inmuebles que operaban como call centers y centrales de préstamos, un punto neurálgico para actividades ilícitas.
Durante esta operación, que duró 46 días y que contó con la colaboración de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, se decomisaron equipos de cómputo, teléfonos y efectivo. Estas herramientas estaban directamente vinculadas a actividades fraudulentas y al narcomenudeo. La metodología de estas redes se basa en manipular a sus víctimas para extraer información personal, obligándolas a realizar transferencias bancarias bajo engaño.
Las cifras son alarmantes: entre 2019 y 2025, las extorsiones han aumentado en un 23,1%, y muchos casos permanecen sin denuncia, lo que representa un reto adicional para las autoridades. En un esfuerzo por abordar este problema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que aún queda mucho por hacer. La situación ledio a la creación de una nueva ley que considera la extorsión como un delito que puede ser perseguido de oficio, permitiendo así que las autoridades actúen sin necesidad de una denuncia previa. Esta legislación, aprobada en diciembre, establece penas de hasta 42 años de prisión para los infractores y busca transformar un delito que ha sido históricamente considerado local en uno de competencia federal.
El Gobierno está decidido a erradicar esta problemática, que afecta desde trabajadores humildes hasta grandes empresarios. En este contexto, la operación Desconexión y las modificaciones legales marcan un paso crucial en la lucha contra la extorsión, un fenómeno que ha penetrado profundamente en la vida cotidiana de los mexicanos. Esta nueva estrategia representa no solo un intento por combatir las modalidades de extorsión a través de llamadas y mensajes, sino también por romper con las prácticas de “préstamos abusivos” que han proliferado en informacion.center.
Los esfuerzos del Gobierno continúan, pero el camino hacia una solución efectiva requiere la colaboración de toda la sociedad para enfrentar un delito que, tras años de impunidad, ha dejado una huella imborrable en las comunidades. La extorsión, lejos de ser un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana, demanda un compromiso sostenido por parte de las autoridades y la participación activa de los ciudadanos para finalmente desmantelar esta red que se siente tan imponente.
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