La espada de Damocles pende esta primavera sobre el PP de Madrid, asediado también en las últimas semanas por los escándalos en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción trabaja desde hace más de cinco meses en el informe de conclusiones definitivas sobre la línea de investigación del caso Púnica centrada en la presunta caja b del partido regional durante la etapa de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad (2003-2012). Este documento marcará un punto de inflexión en unas complejas pesquisas, que arrancaron hace ocho años en la Audiencia Nacional, y donde el juez instructor Manuel García-Castellón aguarda para decidir si procesa a la exdirigente conservadora, así como a los numerosos cargos de la formación que permanecen imputados.
La visión que arroje el ministerio público sobre esta parte de la instrucción —que pone el punto de mira en cómo el PP aprovechó su poder institucional y sus mayorías absolutas para presuntamente financiarse irregularmente y perpetuarse en el Gobierno— completará el puzle de la corrupción que anidó en la región en aquella época, a la que también apuntan otras tres tramas: los casos Lezo (con el expresidente Ignacio González como principal acusado); Gürtel (donde el exconsejero Alberto López Viejo ya ha sido condenado a más de 27 años de cárcel) y Ciudad de la Justicia (donde el exvicepresidente Alfredo Prada, pendiente de juicio, afronta una petición fiscal de ocho años de cárcel).
Con el PP de Madrid sobrepasado en el último mes por las investigaciones abiertas por la venta de material sanitario a la Administración durante la pandemia —que han señalado como comisionista al hermano de la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; y como intermediario a un primo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida—, el anunciado escrito de la Fiscalía sobre Púnica hurgará aún más en la herida. Sobre todo, con vistas a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Según fuentes jurídicas, no hay ninguna fecha oficial marcada en el horizonte para la entrega al juez García-Castellón del informe, que deberá pasar antes por la mesa de Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción.
En este documento, la Fiscalía enumerará todas las “pruebas recabadas durante la instrucción” y, según se indicó al magistrado a finales del pasado octubre, se confeccionará un “informe razonado, motivado e individualizado” de todas las personas físicas y jurídicas que permanecen bajo sospecha. Desde luego, el elemento clave, que esperan con expectación todas las partes personadas, es si el ministerio público considera que cuenta con indicios suficientes para proponer que se envíe al banquillo a Esperanza Aguirre. Una opción que, según distintas fuentes, resulta harto complicada, ya que ninguno de sus subordinados la ha señalado con indicios sólidos pese a que hay múltiples pruebas de corrupción en los tres organismos que ella dirigía (Gobierno autonómico, PP de Madrid y Fundescam). El informe de Anticorrupción será clave para la decisión del juez García Castellón.
Más allá de si se propone juzgar a la máxima autoridad del PP de Madrid y de la Comunidad durante la era bajo sospecha, el informe de la Fiscalía dibujará el marco general de la presunta corrupción que anidó en el partido regional y en el Gobierno autonómico durante la era de Aguirre. La investigación ha desvelado que, al igual que la formación a nivel nacional, la filial madrileña contaba presuntamente con una caja b —que llevaba el tesorero regional, Beltrán Gutiérrez, quien no ha disparado hacia arriba en todos estos años— y con mecanismos de financiación irregular, a través de entidades como Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid) y donaciones de empresarios.
Pero Púnica es mucho más. El macrosumario sobre esta trama, con 12 líneas de investigación diferentes, constituye un complejo retrato de las ingentes irregularidades detectadas en las Administraciones madrileña. Con el exconsejero de Aguirre y ex secretario general Francisco Granados como pieza principal de la red corrupta, los investigadores describen “actuaciones urbanísticas fraudulentas”, ilegalidades en la construcción de infraestructuras, amaños en contrataciones públicas y en trabajos de reputación en línea… Solo contando las cinco piezas de la causa donde ya se dictó auto de procesamiento, se ha propuesto juzgar a 10 exalcaldes del PP de Madrid —también a uno del PSOE y a otro de un partido local— y hay 11 municipios de la comunidad con cargos procesados. Además, Granados ya fue condenado a dos años de cárcel en la Pieza 1 por recibir un chivatazo de un guardia civil sobre la apertura de la investigación.
La Sala de lo Penal de la Audiencia, que rechazó en marzo numerosos recursos presentados por los ya procesados para tratar de frenar sus juicios, habla sin tapujos de la existencia de una supuesta “trama corrupta” para “conseguir adjudicaciones irregulares en diversas corporaciones locales”, donde se entregaban regalos a alcaldes, concejales y funcionarios.
Luceño, un nuevo vínculo con el pasado
El escándalo de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a poner el caso Púnica bajo el foco. El nombre de Alberto Luceño, uno de los dos empresarios investigados por cobrar comisiones millonarias con la venta de material sanitario al Consistorio de la capital durante la peor fase de la pandemia, se encuentra vinculado a una de las compañías que la Audiencia Nacional destacó como parte del supuesto entramado usado por el PP de Madrid para financiarse de forma irregular en las elecciones de 2011, cuando Esperanza Aguirre renovó su mayoria absoluta. Luceño, que nunca fue imputado por esta trama, fue apoderado entre 2012 y 2013 de la Escuela Europea de Dirección y Empresa (Eude), a la que los investigadores señalaron como parte de la red de nueve sociedades interpuestas que se utilizó para mover dinero. Además, según avanzó Infolibre, el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, mantuvo una asidua relación con Óscar Sánchez, administrador de Eude hasta 2015. Durante sus pesquisas, los agentes intervinieron una carpeta denominada “Marrones Alberto Luceño”. En declaraciones a distintos medios, la dirección actual del Eude se desvinculó totalmente de las actividades de sus anteriores propietarios.
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