El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo expresó que es necesario realizar reformas a diversas leyes para la prevención de lavado de dinero, debido a que México solo ha cumplido con 5 de 40 recomendaciones emitiditas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sobre dichas recomendaciones, señaló que informacion.center tiene un nivel de incumplimiento relevante; solamente tiene cinco cumplidas, una no cumplida, 15 parcialmente cumplidas y el resto, 19, mayoritariamente cumplidas; sin embargo, tenemos 16 que están en las posiciones más complejas o menos adecuadas, por lo que es necesario que México genere una política pública para definirlas.
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Al participar el lunes por la noche en la conferencia virtual “Necesidades Legislativas en materia de combate y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo propuso crear una agenda legislativa para que México cumpla los compromisos y recomendaciones GAFI.
El funcionario precisó que es fundamental que se realicen reformas a las leyes de Prevención de Lavado de Dinero, a la Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la de Instituciones de Crédito y al Código Penal Federal.
Asimismo, destacó que para su dependencia es primordial la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a tener un mecanismo ágil e inmediato que permita congelar las cuentas que se sospechen que realizan lavado de dinero. Precisar un procedimiento específico, claro y determinado a cargo de la SHCP para introducir a los sujetos en la lista de personas bloqueadas.
Consideró importante definir dónde podría entrar el Sistema Nacional Anticorrupción para que en coordinación con la UIF y el SAT combatan de forma integral la corrupción y particularmente se tengan mecanismos para identificar a los beneficiarios finales.
Lo más importante es alentar una política integral entre la UIF, la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y la Secretaría de la Función Pública para conocer la evolución patrimonial de los funcionarios, y de la Fiscalía General de la República, a fin de que el sistema sea más robusto, afirmó.
Respecto al Código Penal Federal, dijo que se tiene el objetivo de dotar de herramientas jurídicas que permitan investigar y sancionar penalmente a quien financie al terrorismo, cuyo principal y directo responsable son las personas morales, a través de las cuales se inyectan recursos.
También, agregó, se requieren mecanismos jurídicos para identificar el financiamiento al terrorismo a través de operaciones sospechosas; precisar a las personas políticamente expuestas, quiénes tienen un rango mayor de director general hacia arriba, como legisladores, magistrados, jueces, funcionarios de la administración pública, incluidos los órganos autónomos.
Señaló que la reforma jurídica incluye la coordinación con la Guardia Nacional, facultades proactivas de la UIF, coordinación para el intercambio de información con todas las autoridades, como la de partidos políticos y sindicatos, que son dos instancias que no se encuentran, hasta el momento, reguladas como actividades vulnerables a pesar de que pueden representar un riesgo al financiamiento de campañas electorales y de corrupción en ciertos entornos sindicales.
Finalmente, detalló que es necesario que la gente identifique qué es el lavado de dinero, sobre todo cuando vende un bien y le pagan en efectivo, porque, dijo, este recurso puede ser dinero proveniente de trata de personas o migrantes, tráfico de órganos, corrupción política o venta de psicotrópicos de la delincuencia organizada.
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