El asesinato de Regina Martínez, periodista de 48 años de edad, ha resonado nuevamente a nivel internacional. En trabajo conjunto, un equipo de 60 periodistas de 25 medios de México, Estados Unidos y Europa retoman el caso de la periodista, cuyo crimen involucra al crimen organizado y a elementos de seguridad pública, pues se le consideraba una enemiga del Estado.
Trabajó durante cuatro sexenios denunciando la violencia, abuso de poder y crímenes en la entidad en donde radicaba, Veracruz, para uno de los medios de investigación más importantes del país, Proceso.
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Además, contó historias de horror, principalmente asesinatos policíacos, desapariciones forzadas e incluso la corrupción dentro de las esferas gubernamentales estatales.
“Su trabajo era su vida”, dijo una de sus amigas más cercanas Norma Trujilla, quien también afirmó que la periodista estaba realmente interesada en dar a conocer las violaciones a los derechos humanos que se cometían, además de que era muy cercana a las personas.
El asesinato de la periodista mexicano ocurrió el 28 de abril de 2012 en su casa en Xalapa, Veracruz, y ante indiferencia y la impunidad en su caso es que se ha abierto nuevamente esta investigación, siendo parte de una serie de reportajes Proyecto Cartel que se publican a partir de este domingo.
“Operación política, mediática y jurídica”
En la primera entrega de la investigación denominada Proyecto Cartel, el semanario Proceso, donde la periodista colaboró hasta su muerte, señala que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz (2010-2016) “desplegó una operación política, mediática y jurídica para imponer a toda costa la versión de que Regina Martínez fue asesinada por dos hombres a los que abrió las puertas de su casa y le robaron”.
La indagatoria por el homicidio de la periodista – quien publicó los excesos del gobierno de Duarte, actualmente en prisión acusado de corrupción, y su antecesor Fidel Herrera (2004-2010) – fue manipulada por las autoridades locales, según Proceso.
Hasta el momento, solo hay una persona en prisión por el homicidio, Jorge Antonio Hernández “El Silva”, y para la Fiscalía General de México el móvil del crimen es todavía un robo, sin que “exista dato alguno que vincule los hechos con su actividad periodística”, de acuerdo con el reporte.
Laura Borbolla, quien dirigía en ese entonces la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Prensa (FEADLE), señaló al semanario sus dudas sobre la resolución del caso que dieron en ese momento las autoridades.
“Las autoridades ministeriales de Veracruz impusieron todo tipo de obstáculos a la FEADLE”, dice Proceso. “Yo sí he tenido siempre la duda razonable de si ‘El Silva’ realmente la mató”, dijo Borbolla a la revista.
Ejemplo de esos obstáculos es la forma en la que los forenses de la fiscalía local “registraron huellas digitales de unos envases de cerveza encontrados en la casa” de Martínez, lo que impidió que la FEADLE pudiera analizarlas para verificar si pertenecían a algún funcionario o miembro de una corporación de seguridad.
La versión de Duarte
Proceso denunció también que “hubo un particular interés de parte del gobierno de Javier Duarte y operadores afines por divulgar ampliamente la versión oficial sobre los presuntos asesinos y la resolución del crimen”.
Señala que un artículo del sitio El Golfo Veracruz fue ampliamente difundido en Twitter con una serie de cuentas falsas: “La PGJ aclara el homicidio de la corresponsal de Proceso Regina Martínez”.
El sábado, antes de que se divulgara la investigación, Duarte negó en Twitter haber tenido alguna relación con el homicidio de la periodista.
“Niego categóricamente haber participado en este lamentable hecho”, dijo. “Muy por el contrario, desde que conocí el caso instruí al entonces procurador a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”.
País peligroso para la prensa
El caso de Regina Martínez fue paradigmático de las agresiones a la prensa en México y en particular en Veracruz, un estado azotado por el crimen organizado.
Desde el año 2000 se cuentan ahí 28 periodistas asesinados y otros ocho desaparecidos, “la mayoría de ellos durante los 12 años que (Fidel) Herrera y Javier (Duarte) estuvieron en el poder”, de acuerdo con Proceso.
A finales de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir el caso de Martínez.
“Yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así, lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. Tenemos ahora condiciones distintas, porque no hay contubernio”, dijo durante su habitual conferencia de prensa matutina.
Forbidden Stories, una organización con sede en París que busca continuar la labor de periodistas silenciados, investigó el caso como parte del “Proyecto Cartel”, un trabajo colaborativo en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de comunicación de 18 países.
Además de ese caso, los periodistas investigaron las actividades de los cárteles en México y sus lazos con las autoridades en una serie de reportajes que serán divulgados posteriormente.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000. Más del 90% de estos crímenes permanecen impunes, según Reporteros sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, otra organización dedicada a la defensa de periodistas.
En lo que va de este año, siete periodistas han sido asesinados. El último de ellos, Israel Vázquez, fue asesinado a inicios de noviembre en el central estado de Guanajuato.
Con información de AFP
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
