Marro dirige desde prisión al Cártel Santa Rosa

El Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) ha sido objeto de atención internacional tras su reciente designación por el gobierno de Estados Unidos como una organización criminal transnacional significativa. Su líder, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “el Marro”, fue arrestado en 2020 y condenado a 60 años de prisión en 2022. A pesar de su encarcelamiento, según informes, todavía dirige operaciones a través de una red de colaboradores, abogados y familiares, enfocándose en el lucrativo negocio del robo de combustible, conocido popularmente como “huachicol”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó oficialmente al CSRL, subrayando que su principal fuente de ingresos proviene del hurto de combustible en Guanajuato, un estado mexicano que ha experimentado un incremento alarmante en la violencia debido a la lucha por el control de esta actividad. El conflicto entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha transformado a Guanajuato en uno de los estados más peligrosos de México. La competencia entre ambas organizaciones ha fomentado un mercado negro energético que no solo afecta la economía de México, sino que también socava a empresas legítimas de petróleo y gas en Estados Unidos, privando al gobierno mexicano de ingresos importantes.

Estas sanciones son parte del compromiso del gobierno estadounidense de desmantelar los cárteles de drogas. Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha destacado que su administración busca desvincular a estos grupos del sistema financiero norteamericano, sin importar su método de operación.

Desde la declaración de guerra del CSRL al CJNG en 2017 por el control del robo de combustible en una zona conocida como el “Triángulo de las Bermudas”, confluyen diversos actores en esta lucha. Este área abarca municipios de Guanajuato donde se hallan infraestructuras críticas de Pemex, incluyendo refinerías y ductos. Este contexto ha llevado a que el CSRL, en un intento por fortalecer sus operaciones, establezca alianzas con otros cárteles, incluyendo el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, ambos previamente designados como organizaciones terroristas.

Recientemente, en agosto de 2025, las autoridades mexicanas informaron sobre la detención de varios miembros del CSRL y la incautación de 164,000 litros de hidrocarburos robados, junto con equipos utilizados para interceptar ductos.

Las implicaciones legales de estas sanciones son severas: todos los activos y bienes del CSRL y de “el Marro” en Estados Unidos quedarán bloqueados, y cualquier intento de transferir o negociar dichos activos será prohibido. De este modo, la lucha contra el narcotráfico en América del Norte sigue trayendo un aire de incertidumbre y peligro en una región marcada por la violencia y los conflictos de poder.

Este panorama pone en evidencia los complejos desafíos que enfrentan tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses. En un territorio donde la delincuencia organizada se entrelaza con la economía legítima, las soluciones requerirán no solo de acción militar y legal, sino de una estrategia integral que aborde las causas subyacentes de este fenómeno.