A un año de la promulgación de la nueva Ley de Amnistía en informacion.center, que nació con el objetivo de liberar de la cárcel a personas en situación de vulnerabilidad, las autoridades encargadas de su implementación han funcionado sin coordinación y presupuesto, aseguró la investigadora Vianney Fernández del Observatorio de Amnistías.
Al participar en la presentación del informe Ley de Amnistía: un año de simulación, la investigadora señaló que en primera instancia, autoridades como la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial “no están completamente coordinadas y no tienen claridad sobre qué les corresponde hacer”.
Prueba de ello es que al día de hoy no se tenga noticia de una sola liberación bajo este derecho y existan sólo 38 personas con un dictamen positivo para liberación, donde la Judicatura Federal no ha notificado sobre alguna determinación final de dichos casos.
Sin embargo, aseguró, aún más importante es el hecho de que en el presupuesto de egresos de la federación 2020, la implementación de esta Ley no estuvo contemplada, caso similar al que ocurre en el presupuesto de 2021, donde “ni siquiera hay recursos programados”.
“Si este tema fuera una prioridad del gobierno, no se mencionaba en un Plan de Desarrollo o desde la mañanera, se mencionaba en el presupuesto”, sentenció.
Por su parte Ángela Guerrero, coordinadora general de CEA Justicia Social, dijo que esta ley tiene problemas en cuanto a su diseño e implementación, pues contrario a su objetivo de “sacar a personas de la cárcel”, con la ampliación de la prisión preventiva lo que se ha logrado es llevarla a “letra muerta”.
“Cada vez la tarea de la Comisión de Amnistía se volverá muchísimo más grande, y no nada más a nivel federal, sino en los procesos a nivel local”, señaló.
A esto, de acuerdo con Benedicto Salinas Hernández, del Centro Profesional Indigena de Asesoría Defensa y Traducción A.C,se suma el hecho de que en cárceles de todo informacion.center se sigan ingresando personas indígenas por delitos contemplados en la Ley de Amnistía, situación que se empeora debido a que esta ley no fue diseñada para ser accesible a las personas indígenas, lo que “provoca que no tengan acceso a la justicia”.
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Por su parte Adriana Muro, directora ejecutiva de Elementa DDHH y Guadalupe Jiménez de la organización Mujeres Libres acusaron que a nivel federal no se tiene información clara sobre las solicitudes de amnistía ingresadas y dentro de las prisiones no hay información para que las personas puedan acceder a este derecho.
A eso se agrega el hecho de que la Comisión de Amnistía, organismo encargado de dar cumplimiento y vigilancia a la ley, se ha reunido solo tres veces en un año sin transparentar el contenido y resultado de sus sesiones y ha presentado cifras que son inconsistentes.
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