Lecciones de unas elecciones fallidas en Honduras

El desenlace de los comicios de Honduras del pasado 30 de noviembre con la publicación de unos resultados no aceptados por un sector importante de la clase política del país, aunque sí por gran parte de la observación internacional, permite reconsiderar diferentes aspectos derivados de lo acontecido. Se trata de asuntos de la dinámica doméstica del país y del entorno que configura la actuación de Donald Trump para con la región que constituye su patio trasero y sobre la que, cada vez con mayor apremio, proyecta su dominio irrestricto.

El marco electoral ha dibujado un escenario de desempeño político triangular definido por tres aristas. En primer lugar, se encuentra la evidencia de una seria falencia de la capacidad de gestión de un proceso electoral, que en sí mismo no es complejo y que solo se complica por la geografía hondureña, pero que todavía mantiene vivo el recuerdo de las controvertidas elecciones de 2017 cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes matando al menos a 16 personas. Largas pausas sin resultados e inconsistencias en las actas han estado presentes todo el rato. Una prueba palpable de insolvencia estatal y de ineficiencia en torno a una tarea periódica fundamental a la hora de conducir unas elecciones cuyo desempeño estaba adjudicado a una empresa colombiana.

En segundo lugar, la participación de la mitad del censo electoral refleja la magnitud del desinterés político de una sociedad asolada por la corrupción y vandalizada por la delincuencia inserta en el circuito del narcotráfico. Además, Honduras cuenta con unos de los peores índices en diferentes indicadores socioeconómicos de América Latina. El exalcalde de Tegucigalpa candidato posible vencedor, Nasry Tito Asfura, ha obtenido en torno a un millón trescientos mil votos en un país con una población estimada de once millones y con un censo de seis millones y medio. Apenas cuarenta mil votos le separan del liberal y varias veces candidato y comentarista televisivo Salvador Nasralla

Finalmente, el resultado de la dinámica electoral ha mostrado dos realidades notorias: la pervivencia de la vieja división entre liberales y nacionales (conservadores) que ha arrinconado hacia la irrelevancia a la opción política construida en torno al expresidente Mel Zelaya y a su proyecto gestado en el partido Libre que ha obtenido el 20% del sufragio. Esta suerte de vuelta a la tradición bipartidista ha enterrado al experimento alineado al socialismo del siglo XXI que propició en 2009 la interrupción del mandato presidencial de Zelaya quien una década más tarde se desquitaría al llegar a la presidencia su esposa, Xiomara Castro, tras su triunfo incuestionable en las elecciones de 2021.

Ajeno al orden doméstico, este proceso electoral se ha visto afectado por el insólito posicionamiento a favor de uno de los candidatos por parte del presidente Trump. Un tipo de ejecutoria que ya se había producido escasas semanas antes cuando el inquilino de la Casa Blanca tomó partido por la formación de Javier Milei en los comicios legislativos celebrados en Argentina. El aval explícito al candidato Asfura del Partido Nacional 48 horas antes de la jornada electoral supuso un empujón decisivo en una contienda extremadamente ceñida y que, junto con las anomalías señaladas más arriba, está dando argumentos para impugnar el proceso por parte del resto de las candidaturas.

Sin embargo, fuera de esta explícita expresión de apoyo, la decisión de Donald Trump que tiene consecuencias más relevantes, ya no solo en las elecciones en sí mismas consideradas sino en el orden tanto del país como internacional, es el indulto comunicado veinte minutos más tarde al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) que había sido sentenciado en 2024 por un tribunal de Nueva York por delitos de narcotráfico a una sentencia de pérdida de libertad de 45 años y que salió de la prisión el 2 de diciembre.

El uso indiscriminado del indulto supone una evidencia más en el camino hacia la configuración de un régimen sultanista en Estados Unidos. Supone una muestra de la inconsistencia e incoherencia del presidente Trump siendo además un mal ejemplo de una actitud atrabiliaria con respecto al combate al narcotráfico. En las costas se masacra a un centenar de supuestos narcotraficantes a la vez que se condena al régimen de Nicolás Maduro mientras que en el Salón Oval se libera a alguien condenado mediante un debido proceso por ser, junto con su hermano Juan Antonio Hernández, un responsable logístico del narco negocio.

Candidato por el Partido Nacional, JOH fue presidente entre 2014 y 2022. Durante sus dos periodos de Gobierno -el segundo fue muy controvertido por violar la cláusula de no reelección- convirtió a Honduras en un narcoestado. Su inmediata detención y extradición a Estados Unidos tras la finalización de su mandato supuso entonces un paso incuestionable en el combate al narcotráfico. Ahora la situación ha dado un vuelco completo, aunque una mayoría de la sociedad hondureña repudia la libertad del expresidente.

JOH reivindica el paralelismo de su trayectoria política con la del presidente Trump, a quien adula sin reparo alguno en un ejercicio de victimización compartida y de celebración de la resiliencia del sultán norteamericano, en su carta de cuatro páginas de petición de indulto del 28 de octubre. JOH exacerba la maldad venezolana y la manera en que ambos fueron atacados por “fuerzas radicales de izquierda”, así como por el lawfare impenitente de la Administración Biden. Argumentos de peso en el seno de la narrativa vigente que se introducen en un proceso electoral fallido en tiempos de posdemocracia.