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El alivio por el acuerdo firmado con Washington que supuestamente frena la guerra arancelaria con Europa y da “estabilidad y previsibilidad” a sus empresas ha durado poco. Las nuevas amenazas de Donald Trump, que ahora esgrime aranceles “sustanciales” adicionales contra una Unión Europea que —a su juicio— cuenta con una legislación digital “discriminatoria”, vuelven a sacudir a Bruselas. Frente a la nueva andanada del republicano, el Ejecutivo comunitario defiende su “derecho soberano” a regular su espacio digital.
“Es derecho soberano de la UE y de sus Estados miembros la regulación de actividades económicas en nuestro territorio de forma consistente con nuestros valores democráticos”, ha replicado la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho.
La precisión de que esto se aplica tanto a la UE como bloque como a los Estados miembros individuales es importante, subrayan fuentes comunitarias, porque Trump no solo amenaza a los Veintisiete por sus normas digitales pioneras en materia de moderación de contenidos, especialmente la DSA y la DMA. También tiene ahora en su punto de mira a aquellos países que, como España o Francia, aplican la denominada tasa Google a las grandes empresas digitales —buscadores, plataformas o redes sociales—, con ingresos superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo.
La nueva andanada arancelaria llegó en la madrugada del lunes al martes, cuando Trump volvió a hacer uso de su propia red digital, Truth Social, para renovar una amenaza que Bruselas creía neutralizada tras la declaración conjunta sobre un acuerdo marco anunciada el pasado jueves. Un pacto puesto por fin por escrito tras el acuerdo político verbal cerrado en Escocia un mes antes, en el que la UE había vendido como una victoria —de las pocas de un acuerdo ampliamente considerado desequilibrado— el hecho de que no se tocaban las normas digitales europeas. Estas están desde hace tiempo en el objetivo de la Administración de Trump, que sostiene que dichos reglamentos afectan directamente a intereses estadounidenses, dado que la mayoría de plataformas digitales son de ese origen.
Acusaciones “infundadas”
“Los impuestos digitales, la legislación sobre servicios digitales y las regulaciones sobre mercados digitales están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense” mientras que, “escandalosamente, dan carta blanca a las mayores empresas tecnológicas de China”, sostiene Trump en su nuevo ataque.
Por ello, agrega, el mandatario está dispuesto a imponer “aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones” a EE UU de aquellos países o bloques que “aplican impuestos, leyes, normas o reglamentos digitales”. Además, advierte Trump, está dispuesto a establecer “restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos”. Unas acusaciones firmemente rebatidas por Bruselas, que las considera “infundadas”.
“La DSA no mira el color de una empresa, ni su jurisdicción, ni quién es su dueño”, ha replicado este martes el portavoz comunitario responsable de soberanía tecnológica. Tanto la DSA como la Ley de Mercados Digitales (DMA), que busca garantizar una competencia justa, “se aplican a todas las plataformas y compañías que operan en la UE independientemente de dónde estén establecidas”, ha insistido al tiempo que recordaba que las tres últimas decisiones de la Comisión en el marco de estas normas se dirigieron contra empresas no estadounidenses: las chinas AliExpress, TikTok y Temu.
Sanciones a funcionarios
El Gobierno de Trump también está considerando, según Reuters, imponer sanciones a funcionarios de la UE o de los Estados miembros responsables de la implementación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que busca combatir y, en última instancia, eliminar los contenidos ilegales en redes sociales como X, Facebook o TikTok y combatir en ellas la desinformación.
La idea, según las fuentes citadas por la agencia británica de noticias, sería probablemente imponer restricciones de visado a las personas señaladas, una posibilidad que Washington ya barajó a finales de mayo. El Gobierno republicano acusa a la UE de “censura” con la DSA, una idea que Bruselas rechaza con contundencia y que ha sido retomada en suelo comunitario por las fuerzas más ultras del espectro político.
En las capitales europeas todavía resuena el sombrío (y falso) reproche del vicepresidente J. D. Vance durante la cumbre de seguridad de Múnich de febrero, cuando criticó lo que consideraba limitaciones legales y a la libertad de expresión de los candidatos de ultraderecha en Europa. “La libertad de expresión está en retroceso en Europa”, clamó ante el estupor de los aliados europeos.
“La libertad de expresión está totalmente integrada en la DSA, que lo que pide a las plataformas es que apliquen sus propias normas”, ha insistido este martes el portavoz comunitario responsable de soberanía tecnológica, que considera “completamente infundadas” las acusaciones de censura. En paralelo, Bruselas alienta a Washington a, en vez de atacar las normas europeas, trabajar codo con codo con sus instituciones para combatir cuestiones graves y reales, como las “campañas de desinformación” en internet.
Pese a este nuevo sobresalto, Bruselas sigue defendiendo el acuerdo comercial con Estados Unidos y se ha comprometido a lanzar el proceso legislativo para implementarlo esta misma semana para conseguir —como se acordó con Washington— que los aranceles a los automóviles y sus piezas, que todavía se mantienen en el 27,5%, se reduzcan de forma retroactiva desde el 1 de agosto al 15% pactado.
Dado que no habrá reunión del Colegio de Comisarios hasta la semana que viene, ya en septiembre, fuentes comunitarias indican que la vía sería el denominado procedimiento escrito, por el que los comisarios aprueban por escrito una nueva iniciativa, siempre y cuando “el servicio jurídico y todos los servicios consultados durante la fase de planificación y propuesta estén de acuerdo”.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
