La violencia obliga al cierre indefinido del Parque Tayrona, joya del turismo en Colombia

El Parque Tayrona, el más visitado entre los parques nacionales naturales de Colombia y una de las joyas de turismo natural de todo el Caribe, cerró este miércoles de manera indefinida. No se trata de las clausuras anuales que buscan dejar descansar el ecosistema después de las temporadas de alta afluencia turística. Esta vez, el gobierno colombiano cerró el parque, ubicado entre el mar y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, por la violencia en la zona.

Parques Nacionales Naturales, la entidad a cargo de estas áreas protegidas, explicó su determinación en un comunicado: se trata de una “medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios”. Con 15.000 hectáreas de extensión y unos 600.000 visitantes al año, el deterioro de la seguridad en la zona ha llegado de lleno a sus playas, sus selvas y sus montañas. La institución alertó sobre amenazas contra su personal, actos de intimidación en los accesos, bloqueos en las entradas y cobros irregulares. Ese escenario, señaló, “impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida”, una que tiene sus mayores picos de viajeros entre diciembre y enero y en una Semana Santa para la que tan solo falta un mes y medio.

El cierre también ocurre a menos de tres semanas de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Santa Marta, capital de Magdalena y a cuyo territorio pertenece el Tayrona, figura entre los municipios con mayor riesgo por factores de violencia de cara a los comicios. La Misión de Observación Electoral (MOE) lo ha ubicado en la categoría de riesgo extremo, en un informe que señala como principales factores la intensidad del conflicto entre el Clan del Golfo, el mayor grupo armado ilegal del país con casi 10.000 integrantes, y las más locales Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, integradas por poco más de 600 personas, así como la violencia contra líderes sociales y comunitarios.

Para Ángela Olaya, directora de la Fundación Conflict Responses, el cierre del parque refleja un momento cúspide de una confrontación que comenzó hace años. Desde 2020, explica, el Clan del Golfo entró a disputar el control que ejercen las ACSN en la Sierra Nevada y sus corredores estratégicos. “Lo ha hecho con distintos niveles de éxito, alcance y territorialidad”, asegura, y aclara que desde 2023 la confrontación se ha elevado. Es una escalada que se ha expresado, incluso, en masacres como la cometida por las ACSN el pasado 9 de enero contra cinco civiles en el cercano municipio de Maicao, en La Guajira.

A eso se suma que el año pasado, el Ministerio de Defensa amplió el margen de acción de la Fuerza Pública contra las ACSN, al modificar su clasificación criminal de Grupo Delictivo Organizado a Grupo Armado Organizado, lo que permite una intervención más directa del Ejército en su contra. Eso significa un aumento de la presión estatal, especialmente contra el grupo más pequeño, y justo cuando ha abierto una mesa de negociación en el Clan del Golfo. “Hay una coincidencia de factores que se expresan en este enero tan catastrófico”, señala Olaya.

Se refiere a que la disputa general ha aterrizado en una por la gobernanza del parque. Antes, el control de quién y qué víveres entran, por dónde lo hacen, el control logístico de esas operaciones y otros elementos de la vida cotidiana, estaba en manos de las ACSN. Cuando hay un grupo hegemónico, la violencia tiende a bajar, explica Olaya. “Eso parece estar cambiando en los últimos meses”, advierte.

El reacomodo genera nuevos choques, que han afectado especialmente a la población civil. Así lo ha alertado la Defensoría del Pueblo, que asegura que la violencia golpea “particularmente a pueblos indígenas, población afrodescendiente, campesina y pescadores, liderazgos sociales y comunales, niñas, niños y adolescentes y personas defensoras de derechos humanos”. “Si Conquistadores tuviera el control como antes, esto no hubiera pasado”, asegura Olaya.

A este escenario se suman conflictos sociales locales entre esas mismas comunidades, grupos campesinos y Parques Nacionales Naturales. La más reciente tuvo lugar este jueves, con el anuncio de la reapertura de una de las entradas del parque por parte de comunidades indígenas que habitan allí. La acción, aseguraron las autoridades indígenas, se trata de una “protesta pacífica” con la que, entre otras cosas, buscan que la institucionalidad los reconozca como autoridades del territorio, al tiempo que piden una coadministración del parque con Parques Nacionales Naturales. Para Olaya, preocupa que los grupos armados vean esos conflictos “como una ventana de oportunidad para ganar control sobre la gestión de esas tensiones”, en una forma de aumentar su control sobre la gobernanza.

La Defensoría del Pueblo ya había alertado desde finales de 2025 sobre la escalada del conflicto. En una Alerta Temprana emitida en diciembre, advirtió sobre una “intensa y creciente disputa por el dominio de territorios estratégicos” que afecta al menos a 21 municipios, encabezados por Santa Marta. Se trata de homicidios, secuestros, amenazas, extorsiones, reclutamiento de menores y prácticas de exterminio social contra poblaciones estigmatizadas. Todo con el objetivo de “sembrar terror”.

Las disputas entre grupos armados ilegales son la base de la violencia armada hoy en Colombia. Así lo explica la Fundación Ideas para la Paz en un informe reciente, que no solo asegura que ese es el principal desafío para el gobierno nacional, sino que se dan además en un contexto de fortalecimiento de los actores ilegales. Estos acumularon un 23,6% más de combatientes entre 2024 y 2025, y el número total llegó hasta los 27.121. El número de combates entre grupos pasó de 86 registrados en 2024 a 115 al año siguiente y el número de zonas de disputas activas se duplicó desde el 2022: hoy hay 13. También se dispararon un 62% los ataques contra la Fuerza Pública con respecto a 2024 y se ubicaron en su nivel más alto desde 2016, con 300.

El cierre del Tayrona se conoció apenas un día después de que el Gobierno anunciara la reanudación de diálogos con el Clan del Golfo en Qatar, suspendidos meses atrás. En ese contexto de disputa territorial, presión armada y tensión electoral, el principal parque natural de Colombia queda, por ahora, sin turistas.