El 7 de abril, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó una decisión del Tribunal Arbitral que condena al Estado mexicano a compensar con 47 millones de dólares a la empresa canadiense Lion México Consolidated. Este caso se origina en la violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), específicamente su artículo 1105, que garantiza un trato justo a los inversionistas. A pesar de los intentos de México por anular el laudo, la Corte concluyó que los árbitros actuaron dentro de su autoridad y que las inversiones de Lion estaban protegidas.
Lo que hace este caso particularmente notable es que la responsabilidad internacional de México surge no de acciones indebidas de sus autoridades federales o de seguridad, sino de decisiones judiciales llevadas a cabo por los distintos juzgadores, tanto locales como federales. Esto marca una diferencia significativa en el ámbito de la responsabilidad del Estado, ya que habitualmente se relaciona más bien con actuaciones de cuerpos de seguridad o administrativas.
Lion había financiado cerca de 33 millones de dólares para proyectos inmobiliarios en Nayarit y Guadalajara, usando hipotecas sobre terrenos como garantía. Sin embargo, la situación se complicó cuando los deudores iniciaron un procedimiento judicial para cancelar esas hipotecas sin que Lion fuera notificado, lo que llevó a una expropiación judicial de sus inversiones.
Dicha empresa llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) bajo la premisa de que el sistema judicial mexicano le negó el acceso a la justicia y el debido proceso, argumentando así la denegación de justicia conforme a las disposiciones del TLCAN. Después de un análisis exhaustivo, el Tribunal Arbitral concordó en que Lion sí fue objeto de esta denegación, ya que no tuvo oportunidad de defenderse y se le impidió recurrir la cancelación de las hipotecas.
El laudo no solo representa un golpe económico para México, sino que también establece un precedente crucial para futuras actuaciones judiciales. La Corte observó que las violaciones de los juzgadores mexicanos se produjeron bajo el antiguo sistema judicial. Sin embargo, el criterio fijado tendrá repercusiones en el actual marco legal y posiblemente influya en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Es importante que el Estado mexicano, aun cuando el origen de la responsabilidad derive de un particular y sus abogados, se prepare para enfrentar repercusiones económicas por las acciones y omisiones de sus jueces. La indemnización será cubierta con recursos federales, lo que añade una capa de complejidad a la cuestión de la justicia económica y judicial.
Con la inminente renegociación del TMEC, es crucial abordar las deficiencias que se han señalado en el sistema judicial. La continuidad de prácticas inadecuadas podría resultar en daños económicos aún mayores. Por ello, se deben tomar medidas serias para asegurar que los errores sistemáticos no se repitan y que el sistema judicial cumpla con los estándares internacionales de justicia. De lo contrario, el Estado mexicano tendrá que enfrentar no solo las consecuencias financieras, sino también un quebranto significativo de la confianza internacional en su capacidad para garantizar protección a las inversiones extranjeras.
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