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El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la suspensión de las investigaciones que implican a la presidenta, Dina Boluarte, hasta julio de 2026, cuando termina su mandato. Los magistrados alegan que los fiscales “menoscabaron las competencias” de la jefa de Estado al implicarla en presuntos delitos que no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
Los representantes de la máxima entidad de justicia han remarcado que solo procede una acusación constitucional contra un presidente en ejercicio en los siguientes casos: traición a la patria, impedir elecciones y el funcionamiento del sistema electoral, y disolver el Congreso. Cualquier otro supuesto queda al margen. El fallo tiene relevancia hacia el futuro. A partir de ahora, toda investigación preliminar contra los próximos presidentes se limitarán a tres actos: toma de declaración, realización de pedidos de información y entrega de documentos.
Durante sus dos años y medio de mandato, la Fiscalía ha presentado nueve denuncias constitucionales en contra de Boluarte. Las más graves: por los muertos y heridos durante las manifestaciones al inicio de su periodo a manos de las fuerzas armadas; por presunto abandono del cargo al realizarse operaciones estéticas en secreto sin notificar a su Gabinete ni al Congreso; por el delito de cohecho al favorecer al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con partidas presupuestales a cambio de joyas y relojes de lujo, en el caso Rolexgate; y por supuestamente haber encubierto al prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, la agrupación política que llevó al poder a Pedro Castillo y, por consiguiente, a Boluarte.
Todas estas denuncias han sido congeladas hasta que la presidenta deje el poder, a menos que el Congreso la destituya por incapacidad moral permanente. Un escenario poco probable pues, según los analistas, es la Cámara el principal respaldo político de Boluarte, hoy con índices de aprobación por los suelos, cercanos al 3%. Su respaldo popular cayó en picada desde que rompió su promesa de convocar a elecciones generales después del fallido autogolpe de Pedro Castillo.
Para el constitucionalista Franco García Lazo, el Tribunal Constitucional “acaba de permitirle a Dina Boluarte y a los futuros presidentes del Perú obrar, delinquir, esconder evidencias durante cinco años, donde podrán alimentarse con dinero sucio, y hacer arreglos con parte del Congreso para inmunizarse”. Su colega, Beatriz Ramírez Huaroto, considera que el “estándar que el Tribunal regula para proteger al Ejecutivo es bastante generoso” y que todo lo avanzado por la Corte Suprema para “en la lucha contra la corrupción ha quedado descartado”.
Varios excongresistas se han pronunciado con dureza, dejando en evidencia su rechazo. “Se puede investigar y destituir a otros presidentes en ejercicio, pero no a la títere de la coalición dictatorial, Dina Boluarte. El Tribunal Constitucional elegido por este Congreso mafioso nos recuerda que hoy corruptos y asesinos pueden gobernar con toda impunidad”, ha expresado Indira Huilca. Gino Costa, por su parte, ha dicho que no se está midiendo con la misma vara a los gobernantes. “A Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski no se les investiga, sino se les vaca [se les expulsa del cargo]. A Dina Boluarte y a Manuel Merino no se les toca ni con el pétalo de una rosa, más bien se les blinda”, publicó en redes sociales.
El actual parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, quien la semana pasada celebró que Boluarte promulgara la ley de amnistía que favorece a aquellos militares que cometieron violaciones contra los derechos humanos entre los años 80 y 2000, defendió el fallo del Tribunal Constitucional al sostener que “no es un blindaje a la presidenta, solo se está cuidando la investidura presidencial independientemente del nombre”.
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