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El Estado argentino puede conservar su participación mayoritaria en la petrolera YPF mientras se resuelve su apelación en la causa que lo enfrenta a accionistas de la compañía. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes dejar en suspenso la orden de la jueza de primer distrito Loretta Preska, que lo obligaba a entregar el 51% de los títulos que posee en YPF a los demandantes que obtuvieron un fallo favorable por haber sido discriminados en el proceso de expropiación de la petrolera en 2012. El tribunal aceptó también que el Gobierno estadounidense se presente como amicus curiae en la causa.
Las novedades judiciales de este jueves alejan la espada de Damocles que se cernía sobre el Estado sudamericano. A finales de junio, Preska ordenó entregar las acciones a los demandantes favorecidos con un fallo en 2023 que condena a Argentina a pagarles 16.000 millones de dólares más intereses. Preska consideraba las acciones como parte de pago y buscaba que se exigiesen como garantía para poder apelar, bajo amenaza de declarar al Estado argentino en desacato si no lo hacía.
El Gobierno de Donald Trump respaldó la postura argentina con una presentación escrita en la que advertía de los riesgos legales y diplomáticos de una aplicación incorrecta de los principios de inmunidad soberana extranjera.
La privatización de facto que suponía la decisión judicial de la jueza de primera instancia era de cumplimiento imposible. Aun si quisiera, el Gobierno de Javier Milei no puede deshacerse de las acciones de YPF sin la aprobación del Congreso argentino, en el que está en minoría.
La resolución de este viernes no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia de 2023. Ese fallo sostuvo que el Gobierno presidido en ese momento por Cristina Kirchner incumplió el estatuto de YPF que obligaba a ofrecer a todos los accionistas el mismo trato que dio a Repsol por el 51% de sus acciones.
Argentina intentó sin éxito convencer a la jueza de que la causa debía saldarse en tribunales locales y que la expropiación de YPF había cumplido con todas las normativas legales, incluido un pago de 5.000 millones de dólares a Repsol.
Para Preska, sin embargo, “los gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA [Ley de Inmunidades Soberanas Extranjera] invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos”.
Preska dejó a YPF fuera del litigio. Eso significa que es el Estado argentino y no la empresa (que aún conserva el 49% de sus acciones en manos privadas) quien deberá pagar la indemnización si su sentencia se ratifica en instancias superiores.
La Procuración del Tesoro, el organismo responsable de la defensa argentina, aplaudió el espaldarazo judicial en la causa judicial más importante que enfrenta. Al mismo tiempo, aprovechó para criticar las políticas públicas que, a su juicio, provocaron el fallo adverso de 2023. Consideró que esa sentencia “es consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente” a Argentina. Además, criticó que las administraciones previas a la actual “dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron”.
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