La justicia argentina inicia un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

Después del escándalo que el año pasado frustró el juicio por la muerte de Diego Maradona (1960-2020), este martes se iniciará un nuevo proceso oral para determinar si siete profesionales de la salud que atendían al exfutbolista argentino son responsables de homicidio con dolo eventual. En 2025 llegaron a realizarse más de 20 audiencias en las que declararon 44 testigos, pero todo fue considerado nulo cuando se descubrió que una de las juezas de la causa, Julieta Makintach, estaba siendo filmada para protagonizar una serie documental sin el consentimiento de las partes.

Cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo son acusados de haber descuidado y propiciado el deceso de Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 cuando cumplía internación domiciliaria tras una cirugía. Afrontan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Según la acusación formulada por la fiscalía, el equipo de salud tuvo un desempeño “inadecuado, deficiente y temerario” que dejó al entonces entrenador “en una situación de desamparo”, “abandonándolo a su suerte”. La muerte de Maradona se produjo por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, en el marco de un crítico cuadro general que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias.

El nuevo juicio oral se desarrollará los martes y jueves en los tribunales de San Isidro, en el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires. A su cargo estará el Tribunal Oral en lo Criminal 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Sobre los más de 200 testigos inicialmente considerados, se acordó que dará testimonio alrededor de un centenar, desde familiares y amigos del Pelusa hasta médicos y policías.

La anulación de todo lo actuado el año pasado supone que, tanto las declaraciones testimoniales como las pruebas y alegatos de la fiscalía y demás partes, deberán presentarse como si el proceso nunca hubiera comenzado.

De los siete acusados, la mayor responsabilidad recae sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Luque (44 años) se había convertido en uno de los médicos personales de Maradona en sus últimos años. En aquel noviembre de 2020, le había realizado una cirugía craneal por un hematoma subdural y luego había recomendado su internación domiciliaria para que se rehabilitara. La internación se cumplió en una casa que no habría contado con las mínimas condiciones necesarias para el cuidado del paciente. Según la imputación, el médico incumplió sus obligaciones de atender a Maradona y desestimó los síntomas de las dolencias que provocaron su muerte.

La psiquiatra Cosachov (40) había comenzado a tratar a Maradona cinco meses antes de su deceso. De acuerdo con la fiscalía, le administró al exentrenador de la selección argentina medicación contraindicada por sus dolencias y no lo controló en forma directa. Además, omitió “encargarse personalmente de la reanimación del paciente” pese a que era “la única médica presente en el lugar” cuando fue hallado inconsciente.

También está acusado el psicoanalista Carlos Díaz (33), virtual responsable de no haber requerido la internación de Maradona en una institución adecuada y de haberle ocultado a la familia del exfutbolista cuál era su real estado. Al enfermero Ricardo Almirón (41) se le imputa desatender los protocolos al asentar la información sobre la salud del paciente. Entre los acusados están también tres encargados de supervisar y coordinar la atención de Maradona: los médicos Pedro Di Spagna (49) y Nancy Forlini (56) y el enfermero Mariano Perroni (44). Una octava acusada, la enfermera Gisella Madrid (41) será juzgada en un proceso aparte, en un juicio por jurados que aún no tiene fecha de inicio.

“Bochorno mundial”, “inaudito”, “vergonzoso”. Así definieron los abogados de los acusados, en mayo último, a la revelación de que se estaba grabando una película en secreto durante las audiencias. “Ofició de actriz, no de jueza”, sentenció entonces la fiscalía sobre Makintach. Todas las partes intervinientes en el proceso la recusaron y Makintach fue sometida a un juicio político. Por unanimidad, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales.