La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha hecho una poderosa declaración escrita ante la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía General de la República (FGR). Este hecho está enmarcado dentro del reciente operativo llevado a cabo en la Sierra Tarahumara, donde se desmanteló un narcolaboratorio que, según informes, implicó la participación de agentes estadounidenses de la CIA. Esta colaboración plantea serias interrogantes sobre la legalidad de tales acciones, ya que la Constitución mexicana prohíbe la intervención extranjera en operaciones de seguridad.
En su comunicación oficial, Campos Galván aclara que no se presenta ante la FGR en calidad de testigo ni se somete a ningún acto de investigación. Su comparecencia es una respuesta a un citatorio que considera “ambiguo y carente de fundamentación”. En el oficio 057-2026, firmado por ella, la mandataria expresa su preocupación al señalar que “comparezco” solo para responder al requerimiento notificado por la FGR.
Acompañada de miembros destacados de su partido, el PAN, la gobernadora ha denunciado lo que ella percibe como una persecución inusitada. En un momento crítico donde el debate sobre la legalidad de las acciones del gobierno federal se intensifica, llama la atención su afirmación de que está siendo atacada “sin pruebas” y que se están erosionando sus derechos fundamentales al presunto inocente ante la ley.
“Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso”, afirmó. Además, hizo hincapié en que, a pesar de no haber recibido acusaciones formales en su contra, durante el último mes ha sido objeto de intentos por distorsionar la ley para enjuiciarla.
Este escenario pone de relieve la complejidad de las relaciones entre las autoridades estatales y federales y señala el desafío actual en el manejo de la justicia en informacion.center. La situación es un claro recordatorio de la tensión constante entre las distintas instancias de gobierno en México y plantea serias preguntas sobre la vigilancia de los derechos de los funcionarios públicos frente a investigaciones que podrían estar motivadas por motivos políticos.
La controversia deja, sin duda, una huella en la opinión pública, y el desenlace de este capítulo promete ser de interés nacional. La política en México sigue siendo un terreno enigmático que mezcla la lucha contra el narcotráfico, la intervención extranjera y la integridad de sus líderes.
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