Ya no estaba siendo un agosto sencillo para el Gobierno, con la luz a precios récord en medio de una ola de calor, las controvertidas repatriaciones de menores a Marruecos y la persistente sombra de la pandemia. La crisis afgana ha supuesto el contratiempo final que ha forzado al Ejecutivo a cambiar sus planes.
Aunque el presidente, Pedro Sánchez, mantiene su previsión de regresar este viernes de sus vacaciones en Lanzarote, celebró este jueves una reunión telemática con seis ministros para abordar la situación en Kabul, el operativo de retorno de unas 500 personas que figuran en el listado de la Embajada española y la posible llegada de refugiados. El Congreso de los Diputados también se ha activado y este viernes convocará para el próximo día 25 la Diputación Permanente, el órgano extraordinario de la Cámara. Además de la oposición, algunos aliados habituales del Gobierno como los grupos catalanes piden que se den explicaciones en el Parlamento.
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El bombardeo del PP sobre cualquier cuestión susceptible de poner en aprietos al Gobierno es incesante y la crisis afgana le ha servido otra oportunidad en bandeja. Los populares registraron ya el pasado lunes en el Congreso una primera solicitud de comparecencia del ministro de Exteriores. Al día siguiente, la elevaron hasta el presidente, al tiempo que lo fustigaban en las redes sociales. “Sánchez prepara la bolsa de playa, mientras España queda al margen del núcleo duro de decisión de la UE [sobre Afganistán]”, escribió en Twitter la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.
Las solicitudes de los populares se votarán el próximo día 25 en la Diputación Permanente del Congreso. La Cámara convocará este viernes la reunión de ese órgano extraordinario y decidirá el orden del día, en el que se esperan todos los temas candentes. Las exigencias al Gobierno no llegarán solo de la oposición. Entre sus aliados habituales, fuentes de ERC señalaron que su grupo es favorable a convocar plenos extraordinarios para hablar tanto de la política del Gobierno frente a las consecuencias del retorno al poder de los talibanes como del precio de la luz. Otra formación catalana que suele votar con el Ejecutivo, el PDeCAT, registró este jueves otra solicitud de explicaciones en la Cámara sobre la crisis afgana, aunque referida solo al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
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Los socialistas son reacios a exponer a Sánchez al fuego de la oposición en este asunto. “Pero no hay nada decidido. Hasta el 25 [cuando se vote en la Diputación Permanente] tenemos tiempo”, comentaron fuentes parlamentarias. Estas mismas fuentes apuntaron que una posible alternativa sería la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en la comisión correspondiente de la Cámara, sin forzar la convocatoria de un pleno extraordinario. Unidas Podemos tampoco ha desvelado su postura al respecto.
Ante las primeras acometidas del PP, el Gobierno había reaccionado con sus también habituales apelaciones a la responsabilidad de la oposición. “El Gobierno”, declaró el miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, “trabaja sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y colaboradores que se encuentran en ese país. Lo hacemos sin ayuda, no pedimos nada a la oposición, sino un mínimo sentido de Estado”. El propio Bolaños intentó este jueves rebajar tensiones con el PP y llamó a su portavoz parlamentaria para, según esta, informarle del dispositivo de repatriaciones desde Kabul y de los medios de acogida a los trasladados en Torrejón de Ardoz. Gamarra reprochó al ministro “la falta hasta el momento de comunicación suficiente con la oposición” y le reiteró la solicitud de que Sánchez acuda a dar explicaciones al Congreso.
Casado, al ataque
Antes de la conversación entre Gamarra y Bolaños, el líder del PP, Pablo Casado, había reforzado la ofensiva abierta la víspera por su partido en las redes sociales con la etiqueta #dóndeestáSánchez. En un mensaje en Twitter, Casado pidió la comparecencia del presidente, “como hacen en otros países” para hablar no solo de la salida de Afganistán sino “del caos en el precio de la luz, las normas anticovid y la crisis migratoria en Ceuta”.
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El argumentario del PP martillea todos los días con la idea de que este es el “Gobierno del caos”. “Una jaula de grillos”, lo definió Casado. Hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se unió al ataque, tanto a propósito de Afganistán como de las discusiones entre los socios del Gobierno por otros temas. “Es insólito que sus miembros se peleen, se afeen la acción de gobierno. Se da una imagen de poca solvencia y coordinación”, criticó. El presidente andaluz reclamó una respuesta coordinada con las comunidades autónomas ante la previsible llegada de refugiados afganos.
También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, urgió un plan de acogida para los refugiados. No fue la única coincidencia con el PP. “España es un país demasiado importante”, declaró Arrimadas en un acto en Jerez de la Frontera, “para que el presidente no salga a dar explicaciones públicamente sobre cuál es nuestra posición ante el triunfo de los talibanes o qué va a hacer el Gobierno de España ante la UE para coordinar una respuesta a la crisis”.
Si la crítica permanente del PP se da por descontada, para la parte socialista del Gobierno lo más comprometido de la inminente agenda parlamentaria es que puede poner sobre la mesa otros asuntos problemáticos con sus socios y aliados. La subida de la luz y la actuación en Ceuta le han reportado críticas de su socio de Gabinete y de la izquierda parlamentaria. Sobre la factura eléctrica, Unidas Podemos va a insistir en su presión por medidas inmediatas a partir de que la próxima semana el Gobierno retome la actividad normal. ERC pide comparecencias para que el Ministerio del Interior dé cuentas de su actuación en Ceuta, además de un debate sobre la carestía de la luz.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
