Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford University Press en 2020. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) — La condena del exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, en una corte federal de Brooklyn la semana pasada, puede significar un antes y después en la historia del narco en México. Se trata, muy probablemente, de un hito en la guerra mexicana en la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico, y en los anales de la clase política mexicana. Son varias razones las que pueden llevar a esta conclusión.
La primera es que, si bien desde hace años el gobierno de Estados Unidos había capturado o ejecutado a capos del narco en México, en Colombia o en otros países, y asimismo había logrado extraditar a algunos funcionarios de medio nivel, mexicanos o de otros países, nunca el llamado largo brazo de la ley de EE.UU. había juzgado y condenado a una figura pública de tan alto nivel en México como García Luna. Junto con la extradición y la acusación de cargos de narcotráfico del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández el año pasado (cargos de los que se declara inocente) esto significa que todos los funcionarios públicos de México, de Centroamérica, y de otros países latinoamericanos saben ya que siempre estarán sujetos al juicio y, en su caso, la condena en un tribunal de Estados Unidos, bajo la supervisión de un juez estadounidense y ante un jurado de ciudadanos de a pie de Estados Unidos.
En segundo lugar, queda claro que los políticos mexicanos y de otros países que por una razón u otra se involucren con el narcotráfico, pueden ser impunes en sus propios países, pero ya no en Estados Unidos. Esto implica, de la misma manera que funcionarios cubanos, nicaragüenses, venezolanos y de otros países han sido objeto de sanciones personales por parte de las autoridades estadounidenses, pueden perder su visa, sus propiedades, su libertad de tránsito o de residencia en Estados Unidos, aunque no sea el caso en sus propias naciones. Es un riesgo adicional al que están expuestos en caso de incurrir en estas actividades. Ello entrañará en el futuro un comportamiento diferente. No necesariamente menos ilícito, pero sí menos visible, más encubierto, más protegido.
En tercer lugar, es cierto que la condena de García Luna puede poner a reflexionar a muchos altos funcionarios de seguridad en México, o en otras sociedades, antes de volverse tan amigos de Estados Unidos como lo fue García Luna. Todo indica que no sirve de mucho. La cooperación y amistad estrecha con Estados Unidos dependen ahora, hasta cierto punto, no solo de la DEA sino de las decisiones que tome el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y, desde luego, doce jurados en un algún lugar de Estados Unidos. Pensar que se es amigo de Estados Unidos para siempre ahora resulta un evidente error. De tal suerte que quizás ser amigo del gobierno estadounidense ya no garantiza un trato especial.
Dentro de México, esto genera sentimientos muy encontrados. Muchos analistas han subrayado la insuficiencia objetiva o material de las pruebas presentadas contra García Luna en el tribunal de Brooklyn. Han comentado, asimismo, que esto contrasta con la mayoría de otros casos parecidos o incluso del sistema de la administración de justicia penal en Estados Unidos. Normalmente no basta con puros testimonios, aun bajo juramento, para condenar a alguien. Se necesitan pruebas materiales: fotos, videos, grabaciones telefónicas, documentos, correos electrónicos, etcétera. No fue el caso esta vez y la pregunta obvia es ¿Por qué? La diferencia entre los sistemas jurídicos de México y Estados Unidos, abismal en los mejores momentos, aparece enorme en este caso.
Y esto genera, lógicamente, resentimientos, escepticismo y cinismo en México, en el sentido de plantearle a algunos mexicanos que, de la misma manera que no hay realmente justicia en México, la que existe en Estados Unidos deja mucho que desear. México ha aceptado someterse a una gran cantidad de criterios jurídicos de Estados Unidos en materia empresarial, ambiental, laboral, penal en muchos casos, y desde luego civil, al grado incluso de que el gobierno de López Obrador ha interpuesto una demanda civil contra García Luna en un tribunal de Florida. Si fuera el caso de que la opinión pública en México dejara de creer en la justicia estadounidense, la interrogante que podrá surgir en los meses y años venideros será si ha tenido mucho sentido someterse a una justicia extranjera -aun voluntariamente- que no es realmente justicia.
Como se ve, el caso García Luna traerá consecuencias de gran calado a largo plazo. Quizás el jurado de Brooklyn no valoró exactamente las implicaciones de su decisión. Aunque, por otro lado, esa no era su tarea. Solo le tocaba decidir si García Luna era culpable o no.
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