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La capital de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el Gobierno del país por el despliegue de la Guardia Nacional en sus calles ordenado el mes pasado por el presidente Donald Trump. Desde el día 11 de agosto, miles de soldados de la Guardia local y de otros siete Estados patrullan los principales monumentos y el sistema de metro, entre otros puntos de Washington, para atajar lo que el mandatario considera una ola de delincuencia tal que hacía necesaria una declaración de emergencia. Las cifras oficiales, en cambio, indican lo contrario.
“Ninguna ciudad estadounidense tendría que ver a soldados estadounidenses patrullando sus calles, especialmente soldados de fuera del Estado, que no rinden cuentas a los residentes locales ni están formados en las medidas locales de mantenimiento del orden”, ha declarado en un comunicado el fiscal general de Washington, Brian Schwalb. “Hemos presentado esta demanda para poner fin a este exceso ilegal federal”.
La demanda llega dos días después de que un juez federal en San Francisco declarara ilegal un despliegue similar de tropas de la Guardia Nacional ordenado por Trump en junio pasado en Los Ángeles, también con el argumento de proteger la seguridad ciudadana. También entre crecientes amenazas del inquilino de la Casa Blanca de repetir la operación en otras ciudades de mayoría demócrata, entre ellas Chicago, Baltimore o, desde esta semana, en Nueva Orleans. Todas ellas, al igual que Washington y Los Ángeles, están gobernadas por alcaldes demócratas y afroamericanos.
Trump presume de que los despliegues que se han producido han mejorado drásticamente la seguridad en ambas ciudades. Este mismo jueves, el presidente alardeaba en su red social, Truth, del número de detenciones en Washington desde que patrullan las calles no solo soldados, sino también agentes de la policía federal y de inmigración. Según los datos de la Casa Blanca, en las tres semanas de despliegue se han producido 1.669 detenciones y se ha apartado de las calles a 709 delincuentes.
Las encuestas, sin embargo, apuntan a un profundo descontento entre las 700.000 personas que viven en su casco urbano y las más de seis millones en el área metropolitana. Cerca de un 80% se opone al despliegue, y un 78% se considera menos seguro debido a la presencia de las tropas en las calles. Conocidos profesionales del sector de la hostelería, como el chef español José Andrés, han criticado la decisión del presidente públicamente y denuncian un descenso de la ocupación en bares y restaurantes desde el comienzo de la operación.
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson consideró la demanda de la ciudad como “otro intento de perjudicar, a expensas de los residentes y visitantes del Distrito de Columbia, el enorme éxito de la operación del presidente para detener el crimen violento en Washington”.
En el caso de Los Ángeles, el juez encargado del caso, Charles Breyer, decidió que el despliegue de tropas viola la ley Posse Comitatus, firmada en 1878 y que prohíbe a las tropas desempeñar funciones de mantenimiento del orden. “Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los demandados recurrieron sistemáticamente al uso de soldados armados (cuyas identidades estaban a menudo oscurecidas por el blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y barreras al tráfico, participar en el control de multitudes y en general demostrar una presencia militar en torno a Los Ángeles. En suma, los demandados violaron la ley Posse Comitatus”, escribía el magistrado.
Otra norma, la ley contra la Insurrección, de 218 años de antigüedad, autoriza al presidente a desplegar a la Guardia Nacional —compuesta por reservistas que compatibilizan esta actividad con su empleo habitual— en caso de rebeldía contra el Gobierno en alguno de los Estados de la Unión. Esa norma matiza que la orden presidencial debe llegar “a petición de la legislatura (del Estado afectado), o del gobernador si la legislatura no puede reunirse”, pero también concede al presidente la potestad de enviar tropas de la Guardia Nacional si lo considera necesario para combatir esa insurrección.
El caso de Washington es diferente, dado que la ciudad no tiene estatus de Estado, sino meramente de distrito. Su Guardia Nacional, que en el caso de los Estados está bajo el mando del gobernador, queda bajo el mando directo del presidente. Pero la demanda alega que la orden de despliegue, sin el permiso expreso de la alcaldesa Muriel Bower, viola la autonomía de la ciudad, consagrada por una ley de 1973. La demanda también se hace eco de los argumentos de Los Ángeles, al apuntar que la presencia de los militares en las calles “pasa por encima de un principio fundamental de la democracia estadounidense, que el ejército no debe participar en tareas de mantenimiento del orden en territorio nacional”.
Es la segunda demanda que presenta Washington contra la orden de Trump. En la primera argumentó que el presidente no podía tomar el control de la policía local, como preveía el texto del documento. Finalmente, la fiscal general, Pam Bondi, dio el visto bueno a que los agentes federales tuvieran un papel más limitado en su cooperación en las operaciones de la policía metropolitana.
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