El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro emitió una sentencia definitiva contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los privados.
Con esta sentencia, el juez Gómez Fierro, anula el cambio en las reglas de la LIE, publicada el 9 de marzo pasado, y por la cual se buscaba revertir la reforma energética de la administración de Enrique Peña Nieto.
“Con el fin de no generar un vacío normativo, se precisa que las autoridades responsables deberán continuar aplicando el régimen previsto en la Ley de la Industria Eléctrica vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto combatido”, ordenó.
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De acuerdo con la sentencia, los criterios del titular del Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión se basan priorizar un mercado eléctrico competitivo, amigable con la salud y el medio ambiente, así como con la finalidad de evitar discrecionalidad en el acceso a la red y menores beneficios para los más de 38 millones de hogares mexicanos a los que surte energía la CFE.
La iniciativa del presidente López Obrador promovía que la energía eléctrica generada por la CFE se despachara primero, antes que la inyectada en la red por privados, relegando al último la energía eólica, solar y de ciclo combinado de la iniciativa privada.
En este sentido, el juez Juan Pablo consideró que “con ello se priva indefinidamente a los consumidores de los beneficios de un mercado eléctrico competitivo, pues al priorizar el suministro de energía eléctrica y modificar el despacho económico, principalmente, no sólo fortalece la participación y desarrollo de la CFE y de sus empresas subsidiarias, sino que además ocasiona que se limite el despacho de centrales eléctricas que pueden ser más eficientes, lo que se refleja en tarifas eléctricas más elevadas para los consumidores finales”.
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El juez especializado en competencia económica también informó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que sea el máximo tribunal de justicia del país quien resuelva definitivamente si es inconstitucional esta reforma y afecta a los mexicanos, ya que también se han manifestado en contra legisladores federales y la propia Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con acciones y controversias constitucionales.
“De resultar fundados los medios de control que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será el Alto Tribunal el que determine los alcances de la invalidez del ordenamiento aquí impugnado en relación con lo que decida en aquellos medios de impugnación”, se lee en su sentencia.
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