El programa Pegasus espió el móvil de uno de los promotores de la “República Digital” de Cataluña, un proyecto que planeaba un Estado independiente en el ciberespacio: con un DNI propio, un IVA del 10% y una fiscalidad exenta de impuestos españoles, según los documentos.
Se trataba de poner en circulación una criptomoneda catalana “respaldada con fondos propios de la República”. Una divisa digital que equivaldría a un euro, estaría amparada por la Generalitat y debería encajar los envites de un sistema financiero —el español— que trataría de torpedear su solidez.
Jordi Domingo, uno de los cerebros de esta idea, figuró entre las 63 independentistas rastreados con el sistema de espionaje israelí. “Teníamos que pensar primero un proyecto y después su desarrollo tecnológico. Para cada una de las fases había un equipo humano diferente”, confirma este militante de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Junts.
El teléfono de Domingo sufrió un intento de intrusión con Pegasus entre abril y mayo de 2019 a través de una llamada perdida de WhastApp que no requería respuesta, según Citizen Lab, el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que indagó el CatalanGate.
La propuesta política de Domingo, que trabaja en la Diputación de Tarragona, instaba a las empresas de una hipotética Cataluña independiente a crear “productos y servicios para la República” y donar una parte de sus beneficios a la causa. Contemplaba también un sistema de expedición de carnés de identidad autóctonos con un coste de mantenimiento anual de 10 euros que tendría su réplica digital en forma de aplicación para el móvil.
Según su hoja de ruta, las criptomonedas jugarían un papel clave en las transacciones de una Cataluña independiente. La ciberdivisa patria permitiría su conversión a euros y pagar en comercios “adheridos” mediante una aplicación en el teléfono. Las operaciones estarían gravadas con un impuesto del 10%, “el IVA de la República”, según el documento, de 22 páginas.
Tras la divisa —relata el proyecto—, se encontrarían fondos de inversión y una fundación benéfica de Barcelona “bajo jurisdicción de la Generalitat”. La criptomoneda aspiraría, además, a contar con el respaldo de un país “dispuesto a reconocer la República”.
El boceto advertía del riesgo del enemigo externo: “La criptomoneda necesita credibilidad. España intentará minarla. Es importante que esté respaldada por el máximo número de instituciones y por el Govern”.
El documento estimaba que un millón de catalanes “votantes potenciales de la República” se sumarían a esta ilusión en sus primeros 18 meses de vida. Y blindaba a los independentistas de la fiscalidad nacional. “Se evitan todos los impuestos del Estado español en las transacciones ciudadano-comercio, incluido el de donaciones”, recoge el texto.
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