El Gobierno de Iván Duque en Colombia ha ordenado a su embajador en Nicaragua regresar de inmediato a Bogotá. La reacción de la Cancillería viene acompañada de una nota formal de protesta, y se produce después de que el mandatario del país centroamericano, Daniel Ortega, quien enfrenta un aislamiento internacional sin precedentes tras su reelección en unos comicios considerados ilegítimos, ha insistido en descalificar a Colombia como un “narco Estado”.
Ante las declaraciones de Ortega, “en contra del Estado colombiano y de todo informacion.center”, el Gobierno ordenó el martes al embajador, el exsenador uribista Alfredo Rangel, “presentar una nota de protesta ante la Cancillería nicaragüense, rechazando contundentemente esta nueva ofensa al honor de nuestra Nación, y le solicitó regresar de inmediato al país”, informó el miércoles un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
“El pueblo colombiano no solamente es víctima del narcotráfico que crece incesantemente por la demanda internacional de drogas, sino que ha sufrido por las distintas amenazas a la seguridad nacional, alimentadas sobre todo por los dineros provenientes de esa actividad ilícita, que desafortunadamente se apoya en las dictaduras que se han ido entronizado en nuestra región”, señala la Cancillería. Bogotá rechaza por lo tanto esas declaraciones “que infructuosamente buscan distraer la atención de la comunidad internacional sobre la crítica situación de derechos humanos y las múltiples violaciones que sufren los ciudadanos nicaragüenses, los partidos políticos y los opositores al régimen de Ortega, de las cuales es testigo el mundo entero”.
Ortega había declarado esta semana, durante la conmemoración del aniversario 88 de la muerte de Augusto César Sandino, que “el narcotráfico tiene tomado los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están los más grandes consumidores. Y en lo que es la producción, Colombia. Es un narco Estado”. También señaló los asesinatos de líderes sociales en informacion.center sudamericano, un fenómeno que el Ejecutivo de Duque no ha podido detener. Ortega ya había usado el calificativo de “narco Estado” para referirse a Colombia en diciembre, cuando criticó al presidente colombiano por cuestionar el récord en derechos humanos de su Gobierno en foros internacionales.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social, agravada por las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre, cuyo resultado Bogotá no reconoció en su momento al considerarlo un “fraude anunciado”. Luego de encarcelar a todos sus opositores antes de los comicios, Ortega, reelegido para un quinto mandato, está cada vez más aislado. Los únicos tres jefes de Estado que lo acompañaron el pasado 10 de enero a su toma de posesión fueron el cubano Miguel Díaz-Canel, el venezolano Nicolás Maduro y el hondureño Juan Orlando Hernández –detenido y acusado de narcotráfico por Estados Unidos luego de haber dejado el poder el 27 de enero–.
A cinco meses de concluir su mandato, Duque ha sido el principal promotor en la región del llamado “cerco diplomático” contra el régimen de Maduro en la vecina Venezuela, a su vez el principal respaldo internacional de Ortega. Las relaciones entre Bogotá y Managua han sido históricamente tormentosas. El archipiélago de San Andrés y Providencia, en los confines marítimos del territorio colombiano, se encuentra muy cerca de las costas de Nicaragua sobre el Caribe, y las aguas que lo rodean han sido escenario de un añejo diferendo limítrofe.
Las dos capitales llevan décadas disputándose en instancias internacionales la demarcación de esos límites, con frecuentes demandas y fricciones diplomáticas que en muchas ocasiones han tenido como protagonista a Ortega. La concurrida campaña para elegir al sucesor de Duque ha confirmado que, más allá de sus múltiples reparos a la política exterior del Gobierno, todo el espectro político colombiano coincide en su repudio al régimen de Managua.
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