Las revelaciones del último informe del grupo de expertos de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa colea y apunta a las Fuerzas Armadas. El lunes, el GIEI informó de que agentes de la Secretaría de Marina realizaron un operativo secreto en octubre de 2014, en uno de los lugares clave de la investigación entonces, el basurero de Cocula. Los marinos manipularon la escena del basurero. La dependencia nunca informó de la diligencia, que no consta en el expediente. Este martes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha informado de que la Fiscalía investiga a los marinos implicados.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario ha explicado que ya vio el vídeo que el grupo de expertos presentó ayer, la edición de una grabación de dos horas tomada por un dron de la Armada. En el vídeo se ve a un grupo de 12 marinos en tres camionetas, sacando cosas de una, manipulando objetos en el basurero, incluso haciendo una hoguera. Esta visita ocurrió el 27 de octubre de 2014, un mes después del ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala, municipio vecino de Cocula. “Se dio la instrucción de que se investigue a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo”, ha dicho López Obrador, “sobre todo el almirante responsable del operativo, no puedo decir más”.
Este martes también, familiares de los 43 han comparecido ante la prensa en Ciudad de México para comentar el informe del GIEI y la reacción de esta mañana de López Obrador. Todos se han mostrado muy críticos con la resistencia de la Secretaría de la Defensa a entregar información y al retraso de la Marina en dar a conocer el vídeo. “Las Fuerzas Armadas han jugado sucio, su papel ha sido lamentable”, ha dicho Vidulfo Rosales, su abogado. “El Ejército infiltró la normal, siguió al GIEI. Ha quedado claro que las Fuerzas Armadas han administrado la información. La pregunta sería por qué, cuáles son las razones de negar la información, en el anterior gobierno y en este”, ha añadido.
Para cuando se grabó el vídeo, en octubre de 2014, las fuerzas federales habían iniciado una cacería contra Guerreros Unidos y sus redes de apoyo en Guerrero. A finales de mes, las autoridades detuvieron a varios integrantes y en noviembre la antigua fiscalía convocó a la prensa para divulgar su teoría, hoy superada. Según ellos, Guerreros Unidos había asesinado a los jóvenes en el basurero y habían quemado sus cuerpos. Los marinos que acudieron en octubre de 2014, ahora se sabe, visitaron la zona antes siquiera de que los peritos de la fiscalía.
La cacería acabó mal. Aunque se hicieron decenas de detenciones, muchos de los detenidos salieron por la tortura que habían sufrido en el proceso, bien por integrantes de la fiscalía federal o de la propia Secretaría de Marina. El mismo GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense señalaron también que la versión del basurero no se sostenía. En el lugar, dijeron, no se habían producido una hoguera del tamaño necesario para reducir 43 cuerpos a cenizas.
En Palacio Nacional, López Obrador se ha mostrado algo más esquivo sobre el resto de hallazgos del GIEI, sobre todo las críticas a las Fuerzas Armadas por su resistencia a entregar información. “Se está entregando toda la información, se han abierto todos los archivos y no se oculta absolutamente nada”, ha insistido. Preguntado por las comunicaciones que el Ejército habría interceptado a la red criminal de Iguala, Cocula y los pueblos de la zona, el mandatario ha reiterado que “toda la información del Ejército se ha puesto a disposición’. Esa es la instrucción y se está cumpliendo”.
Lo cierto, sin embargo, es que el Ejército apenas ha abundado en este rubro. En octubre pasado, la comisión presidencial que colabora en la investigación del caso Ayotzinapa divulgó dos documentos que probaban la intercepción de comunicaciones a presuntos integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de la zona por parte del Ejército, al menos desde el día del ataque, el 26 de septiembre de 2014. Pese a ello, el GIEI no ha logrado obtener más evidencia.
Las familias de los 43 han criticado duramente a las Fuerzas Armadas y a López Obrador. “Nunca le hicieron caso al presidente. Debería enfocarse en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Da coraje que hayan guardado información”, ha criticado Emilio Navarrete, familiar de uno de los 43.
“Estamos enojados, porque nos vieron la cara. Las instituciones jugaron con nosotros”, ha dicho Mario González, padre de Cesar Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Nos dijeron que se iba a entregar toda la información. Nos hicieron ir al Batallón 27, a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada. Nos hicieron sacarnos foto con encargado de la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo no estar enojado si a los tres años sale una información que tenía que haber salido antes? Estoy hablando es de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad”, ha añadido.
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