Indispensable confiar en lo que dice y hace el gobierno para crecer sin inflación

Ayer se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año: Robert Hall y Michael Wooford, ambos de Estados Unidos y procedentes de universidades destacadas como la de Stanford y la de Columbia.

Sus investigaciones han tenido un impacto significativo en el campo económico, permitiendo a las autoridades reducir los costos durante las recesiones y controlar mejor la inflación. Este logro se debe a que sus estudios han identificado formas de suavizar los ciclos de las economías.

El trabajo de Hall es particularmente relevante al analizar cómo las personas toman decisiones sobre su consumo, considerando no solo sus ingresos actuales sino también sus expectativas sobre el futuro. Esto permite comprender mejor la dinámica del mercado y la forma en que los cambios en las perspectivas futuras pueden afectar las compras presentes.

Un ejemplo de esto es cuando la población percibe una posible subida de impuestos debido a una elevada deuda gubernamental, lo que lleva a reducir sus gastos en el presente.

Cuando la población anticipa una posible inflación futura, tiende a adelantar sus compras incluso si son innecesarias, en el presente. Este comportamiento tiene un impacto directo en la demanda de bienes y servicios, lo que puede afectar las decisiones de los productores y las empresas.

De acuerdo con Woodford, las empresas toman sus decisiones considerando escenarios futuros, independientemente de las opiniones de las autoridades. Esto significa que sus precios se fijan en función de la probabilidad de una inflación alta o baja, lo que puede influir en la decisión del consumidor.

Las políticas económicas deben ser comunicadas de manera efectiva al público para que sean convincentes y tengan un impacto real en el comportamiento de los consumidores. Las autoridades deben considerar que sus palabras y acciones tienen un impacto no solo en el presente, sino también en el futuro.

La confianza en las instituciones es fundamental para cumplir con las promesas hechas al público. Si la población tiene dudas sobre las intenciones de las autoridades, puede afectar su capacidad para implementar políticas que fomenten la estabilidad económica y eviten la inflación.

La confianza en las autoridades es fundamental para atraer inversiones que fomenten la estabilidad económica y eviten la inflación. Sin embargo, los cambios constantes en las leyes pueden detener el crecimiento de proyectos. Esto dificulta que los inversionistas tomen decisiones informadas sobre dónde invertir su dinero.

Para tomar estas decisiones, los inversores consideran un escenario futuro para poder recuperar sus inversiones, lo cual puede tardar varios años. Si en ese plazo futuro las tasas de interés se elevan más de lo estimado o los impuestos suben, la rentabilidad disminuye. Esto puede llevar a pérdidas y, en el extremo, incluso al colapso del patrimonio.

Los proyectos realizados por particulares suelen ser más rentables que aquellos llevados a cabo por gobiernos. Mientras que los primeros arriesgan sus propios recursos y pueden perderlos si toman decisiones malas, los funcionarios públicos arriesgan el patrimonio de la sociedad.

Esta diferencia en la percepción del riesgo puede afectar la capacidad de las autoridades para implementar políticas efectivas. Si la población no confía en sus intenciones, pueden sentirse menos motivados a invertir en proyectos que fomenten la estabilidad económica.

La falta de confianza también puede llevar a una menor demanda de productos y servicios, lo que a su vez puede provocar inflación. Esto crea un círculo vicioso que es difícil de romper sin una mayor transparencia y consistencia en las decisiones gubernamentales.

El pago de proyectos mal diseñados se traduce en un costo para todos los habitantes del país, ya sea a través de impuestos más altos, tasas de interés más elevadas o una mayor inflación.

En contraste con México, Suiza ha logrado mantener una economía estable sin inflación, gracias a su presupuesto equilibrado y baja deuda pública. Además, en ese país los cambios fiscales solo pueden implementarse previa consulta popular a través de un referéndum, lo que refleja una mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales.