La actual investigación que involucra al político mexicano Rubén Rocha Moya ha captado la atención internacional debido a su conexión con el Cartel de Sinaloa. Esta situación inédita entre México y Estados Unidos surge a partir del caso penal abierto contra “Los Chapitos”, la facción del cartel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que enfrenta un juicio en Nueva York desde abril de 2023.
La acusación contempla a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázerez y a un grupo significativo de autoridades de seguridad de Sinaloa. Se asignan delitos serios, incluidos organización criminal y tráfico de fentanilo. A los diez imputados se les acusa de ofrecer protección política a cambio de beneficios económicos y elecciones ganadas. Este caso se enmarca dentro de un escenario más amplio de corrupción y narcopolítica en el que se ha visto sumergido el estado de Sinaloa.
La corte del Distrito Sur de Nueva York lleva el caso bajo el título “Estados Unidos contra Guzmán Salazar”. La acusación formal contra Rocha Moya fue ampliada el 29 de abril, coincidiendo con la revelación pública por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la documentación se aseguran vínculos directos entre Rocha y líderes del cartel, quienes, según las acusaciones, ofrecieron apoyo electoral a cambio de asegurar ciertos puestos en su administración.
Entre los encuentros mencionados en los documentos se destacan aquel en el que Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán se reunieron con Rocha durante su campaña para la gubernatura en 2021. Se les promete garantizar su victoria a cambio de colocar en la administración estatal funcionarios leales al cartel. Asimismo, un secretario, Enrique Díaz Vega, se involucró para entregar listas de opositores políticos a los hijos de El Chapo, lo que revela el nivel de penetración del crimen organizado en las instancias gubernamentales.
No obstante, un aspecto crucial en esta complejidad jurídica son los testigos colaboradores. Estos individuos, a menudo con antecedentes delictivos, proporcionan información sobre sus organizaciones a cambio de beneficios judiciales. En el caso de “Los Chapitos”, se ha hecho público que dos líderes han optado por este camino, lo que puede tener repercusiones significativas en el desarrollo del juicio.
El contexto de cooperación entre autoridades y delincuentes se acentúa con el reciente acuerdo de Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable en una corte de Illinois en julio de 2025. Esto marca un giro en la dinámica de fuerzas dentro del Cartel de Sinaloa, que ha enfrentado una serie de traiciones y conflictos internos desde que Joaquín Guzmán López se entregó a Estados Unidos con información clave sobre sus rivales.
Este conflicto no solo tiene implicaciones legales para los acusados, sino que también refleja la crisis de seguridad y corrupción que afecta a Sinaloa y, por ende, a México. A medida que avanza el caso y se desarrollan nuevos testimonios y evidencias, la atención seguirá centrada en cómo se definirán las relaciones entre los Estados Unidos y una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.
(Actualización: Datos correspondientes a 2026-05-05 22:00:00)
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