Miriam Esther Veras Godoy, quien renunció hace unos días a la dirección general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia (Censia), pactó con AstraZeneca la compra de vacunas contra Covid-19, una operación que tuvo un costo de 309.6 millones de dólares, de acuerdo con Compranet.
Este acuerdo, otorgado por vía de adjudicación directa, quedó registrado con el código de expediente 2198794 en el compilado de contratos registrado en Excel por el sistema de compras operado por la Secretaría de la Función Pública.
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Sin embargo, la información disponible no permite acceder a los detalles del documento. La dirección de internet del contrato marca un error y en el portal de Compranet no aparece listado.
Pero los datos disponibles indican que el contrato, que se encuentra activo, inició el 12 de octubre, sin fecha de terminación.
Como responsable de esta adjudicación aparece la propia Veras Godoy, quien participó en el diseño del esquema de vacunación contra Covid-19 y presentó su renuncia el domingo pasado.
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AstraZeneca anunció en agosto un acuerdo con la Fundación Slim para producir en Argentina y México la vacuna, y posteriormente distribuirla sin beneficio económico en América Latina.
El monto asignado a esta compra es equiparable a la cifra mencionada este martes por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien reveló que el gobierno ha pagado seis mil 251 millones de pesos hasta el momento en vacunas para combatir la pandemia.
Pero Herrera no precisó si el monto equivalía al total de los contratos con todos los laboratorios o solo con uno. Tampoco dijo si lo que se ha pagado hasta el momento era solo una parte y cuánto se adeuda.
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La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se transparentaran los contratos del gobierno con los laboratorios para la compra de las vacunas, sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que los convenios firmados incluyen restricciones que impiden que se hagan públicos aspectos como el precio.
“Tenemos restricciones de información, que son contractuales. No es sólo en México, todos los países que hemos firmado esos contratos tienen esa restricción, porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos”, dijo entonces el funcionario.
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