Según sabemos, la refinería en Texas tendrá un costo de casi 600 millones de dólares. La otra, la de Dos Bocas, tendrá un costo aproximado –los costos siempre aumentan—de 9.000 millones de dólares. También se está construyendo un tren en la península de Yucatán que costará un poco más de 8.000 millones de dólares. Se habla poco de él, pero entre las ideas de inversión de esta Administración está el desarrollo del corredor transístmico, una idea que lleva más de un siglo de discusión y que costará alrededor de 1.000 millones de dólares. La información de los costos, aclaro, sale de fuentes oficiales.
No hay que olvidar que también nos costó cancelar la construcción del que hubiera sido el aeropuerto de Texcoco. Las cifras ahí fluctúan en un amplio rango que va desde los 6.000 millones de dólares hasta los 16.000 millones, dependiendo de cuál estimado se utilice. Y en ese sentido, falta sumar una obra emblemática de estos tiempos, el aeropuerto de Santa Lucía, que tiene, entre sus ventajas, un costo menor al que hubiera tenido el aeropuerto ya cancelado porque será una obra de infraestructura austera y ejecutada por el ejército mexicano pero que de cualquier manera costará cerca de los 4.200 millones de dólares.
Podemos ir sumando esos miles de millones de dólares y llegaremos a una cifra que podríamos llamar el costo total. ¿Pero esos más de 67.000 millones de dólares son el verdadero costo de esos proyectos? ¿O hay más costos menos evidentes en esas decisiones?
Más allá de la forma de pago y del momento en que se haga, no hay que olvidar que todos estos proyectos serán pagados con recursos públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes, que siempre son escasos y que deberían usarse de la mejor forma posible buscando el mayor beneficio para la sociedad.
Cada decisión que tomamos implica que dejamos de tomar otras. Cuando elegimos entre varias opciones, implícita o explícitamente, asumimos que esa —la tomada— es la mejor. Sería quizás delirante intentar evaluar el costo de todas las opciones que no elegimos, pero siempre debemos tener en cuenta una: la segunda mejor alternativa. En eso consiste el costo de oportunidad.
Si en la vida diaria es un concepto presente en las decisiones que tomamos, tendría que ser mucho más claro en la política pública que implica el desembolso de recursos que podrían usarse en miles de alternativas. No pensemos en la suma, en esos 67.000 millones de dólares, cifra que para todos es difícil siquiera de imaginar.
Pensar únicamente en los costos directos, en los observables, de las decisiones de política pública nos ubica en una discusión de corto plazo. ¿Cómo se van a pagar los 600 millones para comprar Deer Park? ¿Qué hará Pemex con los 980 millones de dólares de deuda que tiene la refinería? ¿Habrá más deuda o el Gobierno federal inyectará los recursos? Son preguntas importantes, desde luego, pero al final del día, son de corto plazo. No solo hay que ver los árboles con todo detalle, tenemos también que ver el bosque.
Los proyectos mencionados no nos están costando 67.000 millones de dólares. Nos están costando mucho más. Están costando todas las oportunidades perdidas por haberse obsesionado con trenes y refinerías. La cancelación del aeropuerto de Texcoco y la subsecuente construcción de Santa Lucía hoy nos ha costado mucho más que los miles de millones de dólares directamente erogados. La baja en la calificación de la seguridad aérea es un ejemplo de los costos asociados a las malas decisiones. Frenará el desarrollo del sector turístico y el potencial de crecimiento de la carga aérea, relevante para ciertas regiones industriales del país. Compramos y construimos refinerías cuando el mundo voltea a las energías renovables. Tiramos a la basura un aeropuerto con potencial de crecimiento para construir uno que no permitirá hacer vuelos simultáneos por lo que no abona un ápice a la capacidad aérea ya instalada.
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