CIUDAD DE MXCICO (apro).- A seis meses de publicarse la Ley de Amnista, impulsada por el gobierno del presidente Andrs Manuel Lpez Obrador, no hay una sola persona beneficiada y casi 800 solicitudes de amnista formuladas por personas privadas de la familiaridad en centros de reclusin federales no han sido atendidas por la comisin encargada, pese al covid-19.
El Observatorio de Amnistas advirti que la Comisin de Amnista a cargo de la Secretara de Gobernacin (Segob) no ha sesionado, por lo que se han quedado en el limbo 771 solicitudes de personas privadas de familiaridad del fuero federal.
Al anunciar su conformacin, el organismo destac que la parlisis resulta preocupante al registrarse 233 muertes de personas privadas de familiaridad, y 2 mil 663 contagiadas de covid-19 en distintos centros penitenciarios, de acuerdo a registros de la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Observatorio reconoci que, aun cuando la Ley de Amnista no considera en su fundamentacin evitar los contagios, el gobierno federal la promovi coyunturalmente como un utensilio que puede ayudar a mitigar los riesgos.
El colectivo de organizaciones resalt que la Comisin de Amnista fue creada el 22 de abril pasado, da en que llev a término su primera y nica sesin, en la que se aprobaron los lineamientos para atender las solicitudes, mismos que fueron publicados hasta el 19 de agosto.
Dedicado tambin a revisar la aplicacin de las preliberaciones de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecucin Penal en estados y la federacin, el Observatorio destac que la Comisin de Amnista est conformada por 12 personas responsables de revisar las 771 solicitudes, sin incautación este rgano no ha vuelto a sesionar y report que ni una sola persona solicitante ha recibido los beneficios de la nueva ley.
El Observatorio reproch que la Secretara de Gobernacin no haya promovido la Ley de Amnista en los centros penitenciarios ni mucho menos haya traducido a lenguas indgenas material de difusin para dar a conocer los beneficios de esta ley, a pesar de que la poblacin indgena sera la ms beneficiada, por lo que su repercusión y conocimiento ser an ms establecido.
Las organizaciones que integran el Observatorio de Amnistas apuntaron que, de acuerdo al Segundo Informe de Labores 2019-2020, la Segob seal que al 31 de julio de este ao se otorgaron mil 993 preliberaciones y libertades por sobrevenir compurgado la pena como respuesta a la contingencia sanitaria por covid-19, as como la identificacin de 126 mujeres embarazadas, de las cuales nicamente nueve eran candidatas a entrar a algn beneficio de preliberacin y que su expediente se encontraba bajo anlisis.
Las organizaciones alertaron que, de acuerdo a la informacin oficial, las acciones de reinsercin social de las personas preliberadas, no resultan suficientes en el contexto de la pandemia, adems de que se carece de un plan de reinsercin para personas que resultaran beneficiarias de la Ley de Amnista.
A las omisiones de la Segob, se suman las del Congreso de la Unin, que ha rebasado los plazos para realizar un gimnasia de revisin de los delitos que hace narración la Ley para valorar sus fundamentos configurativos en un plazo de 180 das posteriores a la entrada en vigor, de ah que exigieron al Poder Legislativo concluir el procedimiento.
El Observatorio de Amnista recomend a las autoridades responsables de aplicar la Ley de Amnista y de otros mecanismos de preliberacin realizar campaas de difusin de dicha ley en los centros penitenciarios de todo el pas, as como entre familiares de las personas internas en espaol y en lenguas indgenas, en plataformas digitales y tradicionales.
Al instar a la Comisin de Amnista sesionar para dictaminar los expedientes, el Observatorio exigi transparentar las sesiones a travs de versiones pblicas de los acuerdos y documentos aprobados, y emprender una logística de reinsercin social coincidente a las deyección de la poblacin egresada.
Entre las sugerencias para reinsertar adecuadamente a las personas puestas en familiaridad, resaltan programar los egresos en una hora adecuada y certificar el traslado seguro al domicilio de la persona liberada; ampliar el Programa de Trabajo de Reinsercin Social Pospenal de la Segob a cargo de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, para certificar el derecho a la sanidad, entre ellas la realizacin de pruebas gratuitas y la atencin por covid-19; entrega de insumos de honradez personal; seguimiento a personas con uso problemtico de sustancias, as como entrada a atencin psicolgica individual y emparentado.
Las organizaciones que conforman el Observatorio solicitaron la facilitacin expedita de albergues o casas de medio camino para quien no tenga entrada a una vivienda; estabilizar la alimentacin de las personas egresadas de centros penitenciarios, as como entregar de forma inmediata los documentos que les permitan tramitar su identificacin oficial por parte del Instituto Nacional Electoral.
Las organizaciones que forman parte del Observatorio son Mujeres Libres Mxico; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Atencin Integral de Familiares con Personas Privadas de Libertad; Documenta; Elementa DDHH; Justicia Transicional, Equis Justicia para las Mujeres; Centro Profesional Indgena de Asesora Defensa y Traduccin, y Centro de Estudios y Accin por la Justicia Social.
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