La exoneración del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, ha abierto nuevas fisuras entre México y Estados Unidos en pleno proceso de transición política en Washington y con el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador acusando a la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) de inventar delitos.
“Resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”, dijo López Obrador, avalando la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR).
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La FGR anunció el jueves por la noche que rechazaba encausar al poderoso e influyente general Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante la etapa de Enrique Peña Nieto (2012-2018), al no hallar pruebas que lo vincularan con el crimen organizado ni enriquecimiento ilícito.
Con esta decisión se dio un fuerte golpe a las pesquisas de la DEA, que detuvo en octubre en Los Ángeles a Cienfuegos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, para ser posteriormente exonerado y trasladado a México para ser investigado por las autoridades locales.
La relación entre ambos países se ha complicado además por la decisión del gobierno mexicano de limitar el trabajo de la DEA y otras agencias de seguridad extranjeras, lo que repercutiría en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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Fabricar pruebas y violar la soberanía
López Obrador, que lleva años criticando la injerencia externa en asuntos de seguridad nacional, aprovechó la exoneración de Cienfuegos para ser extremadamente duro contra la DEA, e incluso insinuó que había propósitos electorales.
El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rozó la humillación: “Veo muy poco profesionalismo. (…) No fue un buen trabajo. Lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia”.
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El canciller Marcelo Ebrard dio más pistas al respecto al destacar que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, le mandó como prueba unas “copias fotostáticas de las carátulas de celulares con llamadas” que reflejarían los vínculos entre Cienfuegos y el crimen organizado.
“En México, con estos elementos que envían, no podríamos sujetar a proceso” a un detenido, remarcó Ebrard a Barr.
Para calmar las aguas, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, apuntó este jueves que su país devolvió a Cienfuegos “sin condiciones” y achacó a un error burocrático que el gobierno mexicano no conociera de antemano la detención en octubre de Cienfuegos en Los Ángeles.
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Pero estas palabras, resaltadas por el presidente de México se convierten en un arma de doble filo porque Landau, embajador designado por Donald Trump, quien para muchos hizo una concesión a López Obrador -le regaló un triunfo diplomático- regresando a Cienfuegos a su país.
Ante esta afrenta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este viernes que se “reserva el derecho” de procesar de nuevo al general Cienfuegos por narcotráfico y lavado de activos “si el Gobierno de México” no lo hace.
A días de la investidura de Biden
Para el presidente mexicano todos estos movimientos refuerzan una “etapa nueva” en la relación bilateral, que ha impulsado desde su arribo al poder en diciembre de 2018. Pero esto puede causar fuertes turbulencias con Washington a cinco días para que el demócrata Joe Biden llegue a la Casa Blanca.
López Obrador aseguró que una vez se lleve a cabo la “transición” en Estados Unidos se informará a la nueva administración encabezada por Biden.
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“Va a tener que intervenir el canciller Ebrard muy rápidamente para tratar de reencontrar una ruta de diálogo en la cual el presidente mexicano tenga que entender que hay un cambio importante en la Casa Blanca y que ya no está ‘el amigo'” Donald Trump, opinó para Efe Juan Francisco Torres Landa, secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Para Gustavo Montiel, especialista en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, la decisión “abre un frente con Estados Unidos muy complicado de manejar” y puede obstaculizar a futuro la colaboración del país vecino.
A su modo de ver, esta jugada política busca refrendar el apoyo gubernamental al Ejército y, en el mejor de los casos, pasará un tanto desapercibida porque, tradicionalmente, los demócratas siempre han sido más “apáticos” con México.
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Pero genera incertidumbre y llevará a represalias en otros rubros, por ejemplo a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
División de opiniones
En México, la exoneración de Cienfuegos ha generado un choque de opiniones, desde quienes defienden la decisión ante una investigación estadounidense débil a quienes ven la mano negra del Ejército y acusan al gobierno de dejar libre a un delincuente para preservar el honor de las Fuerzas Armadas.
“Hay un tratamiento muy prejuicioso por parte de la redes sociales de que la exoneración se asimila a la impunidad, pero la investigación de la DEA no tenía ni pies ni cabeza”, dijo a Efe Javier Oliva, investigador en asuntos de seguridad y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cienfuegos, un militar galardonado y muy querido entre la tropa, fue acusado de proteger y recibir sobornos durante años por parte el hoy extinto cártel H-2, una escisión del grupo criminal de los Beltrán Leyva prácticamente desconocido hasta la detención del general.
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Es preocupante que “un expediente que la DEA tardó años en generar sea desestimado en una cuantas semanas, y es más delicado todavía lo que acabamos de escuchar al presidente”, dijo Torres Landa.
“Transparencia plena”
López Obrador anunció que se divulgará el expediente de la DEA. Un ejercicio de “transparencia plena” que busca apagar fuegos entre la ciudadanía y la oposición.
Pero esta inédita decisión puede abrir un nuevo frente con el gobierno de Estados Unidos si llegan a revelarse documentos clasificados.
“Les ofrecemos disculpas (a Estados Unidos) y ojalá comprendan, pero por encima de todo está la dignidad del gobierno (mexicano) y la autoridad moral del presidente”, se limitó a acotar López Obrador, anticipándose al nuevo encontronazo.
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