Por segunda ocasión, el exlíder de Guerreros Unidos, Sidronio N, alias “El Chino” acusó a autoridades del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra preso, de actos de tortura, golpes, segregación, aislamiento e incomunicación, violando con ello la suspensión de plano que le otorgó un juez federal.
El presunto criminal, a quien el gobierno federal lo identifica como presunto responsable de los crímenes contra los 43 normalistas de Ayotzinapa cometidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, promovió un nuevo juicio de amparo para que paren los ataques en su contra.
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En el escrito, la defensa de Sidronio advierte que su cliente ya contaba con una suspensión de plano para que no se le aplicaran supuestos malos tratos, pero autoridades no han respetado la suspensión.
El nuevo amparo fue tramitado ante el juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en estado de México, quien aceptó a trámite el recurso y pidió al quejoso que ratificara de manera correcta a qué autoridad responsables iba dirigida la demanda.
El exlíder de Guerreros Unidos se queja que el pasado 9 de marzo ha sido nuevamente segregado con la imposición de nuevo castigo, y denunció la violación a la suspensión de plano y pide que se requiera de nueva cuenta al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “Altiplano”, para que cesen los actos de tortura, golpes, segregación, aislamiento e incomunicación .
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Ante estos argumentos, el impartidor de justicia dio un plazo de tres días a partir de la notificación para que las autoridades del penal rindan un informe respectivo a los presuntos actos crueles que recibió el exlíder de Guerreros Unidos.
De no hacerlo, advierte que se tendrá por cierto el acto que se les atribuye, apercibimiento que se hace extensivo para el caso de que, al rendir su respectivo informe, afirmen una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte.
Desde el 2014 Sidronio N está encarcelado al ser detenido sobre la carretera México-Toluca cuando se dirigía a Guerrero. Posteriormente en 2018 un juez federal lo absolvió del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército porque según sus declaraciones pudieron haber sido obtenidas mediante tortura, pero permanece privado de la libertad acusado por las autoridades por delincuencia organizada.
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Fijó para el 26 de marzo a las 17:00 horas para la celebración de la audiencia incidental que refiere el artículo 208, fracción II de la Ley de Amparo.
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