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Estados Unidos ultima una serie de investigaciones comerciales para tratar de restablecer el muro arancelario levantado por el presidente Donald Trump el año pasado y que fue tumbado hace unas semanas por el Tribunal Supremo al sentenciar que no puede aprobar estos aranceles indiscriminados sin pasar por el filtro del Congreso.
Las nuevas investigaciones comerciales son el paso previo para una nueva estrategia arancelaria que pasa por invocar la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta norma faculta a la Oficina Comercial de Estados Unidos imponer aranceles como medida de represalia si, tras una investigación oficial, se demuestra que otros países aplican medidas comerciales “injustificables”, “irracionales” o “discriminatorias” para las empresas estadounidenses o que violen acuerdos comerciales internacionales. Este tipo de investigaciones suelen tardar meses en completarse. En resumen, las nuevas investigaciones se dirigirán contra los países que tengan “prácticas comerciales desleales”.
Entre los temas que se investigarán se encuentran los impuestos a los servicios digitales y la presunta manipulación monetaria, según ha adelantado The New York Times. Los aranceles que la Casa Blanca pretende imponer bajo la Sección 301 suelen tardar meses o incluso años porque suele contar un trámite de alegaciones del Estado afectado, pero el equipo de Trump espera que pueda acelerar el proceso para que esté listo este próximo verano.
Los gravámenes de la Sección 301 deberían servir para reemplazar a los aranceles globales temporales del 10% que el presidente estadounidense impuso hace unas semanas tras la sentencia del Supremo, que declaró ilegales los mal llamados aranceles recíprocos porque la norma con la que fueron aprobados, la ley de poderes de guerra de 1978, que permite saltarse el control del Congreso ante situaciones de emergencia, no ampara las medidas tributarias o los aranceles comerciales.
Se espera que la administración revele varias investigaciones, según personas familiarizadas con los planes, centradas en combatir lo que Estados Unidos denomina exceso de capacidad industrial en países exportadores como China, explica The Wall Street Journal. Algunas investigaciones se centrarían en países o bloques como la Unión Europea. Otras probablemente investigarán cuestiones específicas, como las políticas comerciales digitales que Estados Unidos considera injustas para las empresas estadounidenses o las condiciones de trabajo forzoso en otros países. Las investigaciones sobre temas específicos podrían afectar a varios países.
Estados Unidos ha recurrido a estos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 en una docena de ocasiones. Una de las primeras ocasiones fue por el supuesto abuso en el tratamiento comercial desleal a las exportaciones de vacuno a la UE en 1999. Pero las más recientes tienen que ver con los supuestos abusos de la industria de los semiconductores de China en 2024, según el archivo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en sus siglas en inglés), y a Brasil por irregularidades en el comercio electrónico y en las políticas de deforestación.
La Administración federal también impuso aranceles bajo este instrumento a varios países europeos que mantienen el impuesto sobre determinados servicios digitales, que grava fundamentalmente a los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, entre otros.
“Habrá otras investigaciones bajo la sección 301 a otros países concretos o negocios que supongan un riesgo”, apuntan fuentes de la Casa Blanca. Habrá que esperar a ver el detalle de las investigaciones para ver si hay alguna específica sobre España después de que Trump amenazara con castigar a Madrid por la negativa del presidente español, Pedro Sánchez, a que el ejército estadounidense utilice las bases militares conjuntas de Rota y Morón de la Frontera, en Cádiz, para apoyar el ataque a Irán.
El Departamento de Comercio también está investigando en virtud de la Sección 232 de la Ley de Comercio, sobre el comportamiento comercial desleal de industrias de otros países relacionadas con las baterías, productos químicos, plásticos y equipos para telecomunicaciones y la red eléctrica.
Tras la sentencia del Supremo, Trump se apresuró para aprobar un arancel del 10% invocando la Sección 122 de la misma norma de Comercio, pero es una medida temporal que debe ser avalada por el Congreso de Estados Unidos en menos de 150 días, en un momento en que en las dos cámaras parlamentarias han expresado en diversos casos su rechazo a los aranceles.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
