Las empresas privadas y gubernamentales representan dos modelos de operación económica que, a pesar de compartir el objetivo de servir a la sociedad, siguen caminos divergentes en su funcionamiento y sostenibilidad. Las primeras, impulsadas por el capital aportado por familias y comunidades, buscan la maximización de las utilidades. Esta meta no solo beneficia a los propietarios, quienes reciben ingresos para satisfacer sus necesidades, sino que también contribuye al bienestar social, al operar en un entorno de competencia donde cada ganancia es un paso hacia el crecimiento económico.
En contraste, las empresas gubernamentales suelen enfrentarse a una carga de pérdidas que, a menudo, recaen sobre la sociedad en su conjunto. Estas pérdidas se cubren de dos maneras: mediante una reducción en los recursos destinados a servicios esenciales como educación y salud o mediante un aumento del endeudamiento público. En muchos casos, la creación de estas empresas careció de una evaluación social adecuada, lo que implica que no sólo son económicamente ineficientes, sino que también minan la riqueza nacional y limitan el potencial de crecimiento económico.
Los problemas estructurales de las empresas gubernamentales son significativos y dos son los más destacados. Primero, la falta de definición de los derechos de propiedad genera un vacío de responsabilidad. Como todos los ciudadanos son “dueños” nominales de estas empresas, nadie asume efectivamente la responsabilidad por las pérdidas, lo que lleva a la desatención de la gestión y la operatividad. En segundo lugar, al asignarse una “función social,” se hace abstracta la expectativa de generación de utilidades, lo que a menudo se traduce en un precio de venta inferior al costo de producción, generando no solo pérdidas contables sino también pérdidas económicas significativas al no cubrir ni los costos fijos.
Este desajuste se agrava aún más por la apropiación de los beneficios por parte de los empleados de estas empresas, un fenómeno que conduce a un exceso de personal y mayores costos operativos. La combinación de ingresos reducidos debido a precios de venta insostenibles y costos operativos inflados perjudica en gran medida la eficiencia económica de estas entidades.
El historial del sector paraestatal en México es un claro ejemplo de estos desafíos. Los presupuestos de egresos a menudo revelan cuantiosas transferencias a empresas como Pemex o la CFE, que se encuentran sumidas en un ciclo de pérdidas que sobrecarga al gobierno y limita su capacidad de invertir en áreas cruciales para el desarrollo social y económico. La ideología estatista que guía la creación y funcionamiento de estas empresas se traduce así en una detrimental destrucción de la riqueza nacional, en lugar de contribuir al crecimiento y bienestar general.
A medida que el debate sobre la eficiencia y efectividad de estas entidades continúa, se hace indispensable un enfoque crítico y estructurado hacia la gestión del capital público. Solo así se podrá aspirar a mitigar el riesgo de futuras pérdidas y, con ello, fomentar un entorno económico más sólido y sostenible.
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