La situación se repite a menudo para el Gobierno: presenta una medida que concita un rechazo furioso de la derecha y cuando la lleva al Congreso se encuentra con que sus aliados parlamentarios la consideran insuficiente. Ha pasado con el proyecto de ley de memoria democrática —congelado a la espera de abrir nuevas negociaciones—, está pasando con la reforma laboral y va a pasar con la reforma de la ley mordaza, cuyos trabajos comenzaron este miércoles en la ponencia creada para su elaboración en el Congreso. En este caso, las desavenencias parecen ser menores. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, admitió la “buena predisposición” del PSOE a negociar las peticiones de su grupo, al tiempo que fustigaba al Gobierno por la reforma laboral.
El solo anuncio de la reforma de la ley mordaza llevó a miles de policías, arropados por dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos, a manifestarse el pasado 27 de noviembre. Los sindicatos policiales y la derecha coinciden en denunciar que se va a desproteger a los miembros de las fuerzas de seguridad. Los puntos básicos de esa reforma, pactados por PSOE y Unidas Podemos para desbloquear un asunto que llevaba más de tres años empantanado en el Congreso, aún deben ser negociados ahora con los grupos parlamentarios. Y los aliados del Gobierno por la izquierda piden modificaciones más a fondo
El paquete de enmiendas de ERC
El grupo más numeroso de los potenciales respaldos del Ejecutivo, reclama mayores controles sobre las actuaciones policiales. Piden, por ejemplo, la prohibición de disparar pelotas de goma, frente al texto pactado por PSOE y Unidas Podemos, que se limita a recomendar el uso de los “medios menos lesivos”. Pretenden endurecer las sanciones a los policías que se extralimiten y facilitar que la Fiscalía controle las actuaciones de los agentes de seguridad.
Estos asuntos centran las demandas de ERC, según apuntó Rufián sin entrar en más detalles para no perjudicar, alegó, las negociaciones ya en marcha. Hay otras enmiendas de Esquerra susceptibles de causar fricciones entre los dos partidos del Gobierno, como la que pide suprimir la disposición que legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes. Unidas Podemos comparte esa reivindicación, aunque, ante la falta de acuerdo con el PSOE, ambos acordaron remitir el asunto a una futura reforma de la ley de extranjería.
El texto base sobre el que trabajan los grupos es una proposición de ley presentada por el PNV hace cuatro años y que, entre las discrepancias políticas y las sucesivas disoluciones del Congreso, nunca fructificó. La iniciativa de los nacionalistas vascos ya recogía algunos de los puntos pactados ahora por los dos partidos del Gobierno, como retirar las sanciones a quienes se manifiestan de forma “espontánea” tras un hecho concreto o levantar las restricciones a tomar imágenes de las actuaciones policiales.
El otro aliado vasco, EH Bildu, sostiene que, como en el caso de la reforma laboral, el Gobierno ha incumplido su promesa de “derogar” la ley del PP. La izquierda abertzale coincide en varias de sus reclamaciones con ERC, como la prohibición de las pelotas de goma, y añade otras, entre ellas retirar a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad.
La posición del Gobierno
Quedó fijada en una serie de enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos al texto base del PNV. Los partidos del Ejecutivo abogan por reducir de seis a dos horas el tiempo de retención de una persona que no se haya podido identificar. Se establecen requisitos más rigurosos para los cacheos, se retiran las sanciones por protestas “espontáneas” y la mayoría de las limitaciones a tomar imágenes de las actuaciones policiales. Los agentes seguirán teniendo presunción de veracidad, aunque para ello deban ofrecer un relato “coherente, lógico y razonable”.
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