Una pequeña calle lateral serpentea junto a los muros leoninos del Vaticano y conduce a la sala especial donde tiene lugar el macrojuicio contra el cardenal Angelo Becciu y la trama de corrupción que supuestamente dirigió. Un proceso histórico por el nivel del principal imputado, a quien el Papa desposeyó de sus derechos como purpurado y que este martes escuchaba silenciosamente en la última fila del banquillo de los acusados.
Pero también porque en la sala de los Museos Vaticanos, habilitada para la ocasión por la dimensión del proceso, se dilucidaba al mismo tiempo la capacidad del Vaticano de poner orden en sus propios asuntos. Y no empezó bien. El fiscal adjunto, Alessandro Diddi, pidió recomenzar todo el proceso de instrucción para evitar que los “errores” cometidos provoquen la anulación de la causa, como exigió la defensa ante la mirada atónita del presidente del tribunal, el reputado fiscal antimafia Giuseppe Pignatone.
La sala, presidida por una foto del Papa y una gran cruz, acogió este martes a todas las partes de un proceso en el que están imputadas 10 personas. Un juicio que afrontaba su segunda sesión –la primera se cerró en julio aplazando la vista por las peticiones de la defensa– para esclarecer si hubo delitos en la compraventa de un edificio en Londres por un valor de 350 millones de euros. Un argumento que tenía que servir también para marcar la pauta de una nueva era en el control de las fianzas vaticanas.
Pero la segunda sesión volvió sobre los pasos de la primera y las defensas pidieron la nulidad del proceso por distintos defectos estructurales.
Faltan pruebas y la Fiscalía rechazar citar a un testigo que la defensa considera esencial, monseñor Alberto Perlasca. A ratos el juicio fue una jaula de grillos, en la que la Fiscalía y las defensas intercambiaron opiniones a gritos. Y ante la imposibilidad de seguir adelante, el presidente del tribunal terminó aplazando de nuevo la vista para decidir este miércoles si pone el contador a cero.
Este martes esperaba al fondo del banquillo de los acusados, vestido de un gris discreto y tomando notas silenciosamente. Él y su secretario, monseñor Mauro Carlino, fueron los únicos en comparecer. El purpurado parecía tranquilo, bromeó con la prensa y siguió atento los alegatos del fiscal y el resto de defensas. En un año, el cardenal sardo pasó de ser uno de los principales candidatos a suceder a este Papa en un hipotético próximo cónclave, a ver su nombre en la prensa acusándole de corrupción y de favorecer a su familia con trabajos a cuenta del Vaticano.
La causa central del juicio es la compraventa de un inmueble en Londres en 2015 que autorizó Becciu, entonces substituto de la Secretaría de Estado (algo así como el ministro del Interior).
La operación se llevó a cabo mediante una serie de intermediarios que cobraron comisiones millonarias y que se reservaron el poder de bloquear futuros movimientos, pese a que no habían aportado prácticamente capital.
La operación se ejecutó con los fondos del Óbolo de San Pedro, teóricamente destinados a sufragar las obras de caridad de la Santa Sede. Una larga investigación que comenzó hace dos años recogida en unas 29.000 páginas –luego sintetizadas en los 500 folios del sumario– permitió determinar que la actividad de los inculpados supuestamente supuso “pérdidas considerables para las finanzas [entre 73 y 166 millones]”, según Nunzio Gallantino, presidente del APSA, la organización que gestiona los inmuebles del Vaticano.
La base del proceso, sin embargo, no convence a las defensas. La Fiscalía ha armado parte de la causa a través de las declaraciones de monseñor Alberto Perlasca –de quien no se quiere mostrar la grabación donde constan–, y de Francesca Immacolata Chaouqui, una suerte de lobbista que ya estuvo en el ojo del huracán en el caso conocido como Vatileaks 2 después de que la Santa Sede le hubiera encargado algunos informes sobre la estructura económica.
Un testimonio que se tomó sin su abogado, que dura más de tres horas durante las que cambió sustancialmente su versión inicial, hasta el punto de pasar a ser un colaborador del proceso.
El vídeo contiene cinco declaraciones: dos como imputado y tres como testigo. Pero ninguna de las defensas lo ha podido ver. Y nadie entiende por qué se oculta si, en realidad, debió registrarse para que constara como prueba.
Las deficiencias de la justicia vaticana, más allá del fondo de la cuestión, se hacen evidentes a medida que avanza el juicio. Una impresión compartida por el organismo Moneyval del Consejo de Europa, que señaló que la actividad a tiempo parcial de fiscales y jueces del Vaticano –que también trabajan en Italia– puede generar conflictos de intereses. El Vaticano intenta avanzar en este campo, pero su funcionamiento como una suerte de monarquía absoluta impide desarrollar una justicia independiente.
El propio Francisco, quien contrató al actual presidente del tribunal, ya declaró hace un año culpable a Becciu cuando le desposeyó de sus derechos como cardenal hace un año y le obligó a dimitir de todas sus funciones. La pena, en suma, antes de la condena. Tampoco mejoran esa percepción las dudas mostradas por todos los implicados a la hora de manejarse a través el código penal vaticano, más habituados a hacerlo en los tribunales de Italia. El lugar, justamente, donde algunos opinaban este martes que debía haberse desarrollado este proceso.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
